Vuelve y juega. El Ejército de Colombia repite su práctica de librar ataques aéreos contra objetivos guerrilleros, sin constatar antes la presencia de menores de edad. O pese a la presencia de menores de edad.
Así lo denuncia el senador del Polo, Iván Cepeda Castro, este jueves 7 de octubre de 2021, a casi un mes de haberse llevado a cabo el bombardeo a campamentos del Ejército Nacional de Liberación, ELN, en El Litoral de San Juan, departamento del Chocó, y por órdenes del Ministerio de Defensa. Estos bombardeos fueron celebrados por el gobierno colombiano como un importante golpe a las estructuras guerrilleras, ya que se dio de baja al líder guerrillero alias «Fabián», y otros «siete guerrilleros».
Pero de cuerdo a la denuncia de Cepeda, de los ocho fallecidos en el bombardeo, la mitad eran menores de edad: una adolescente de trece años y otros cuatro jóvenes de diecisiete años. ¿Quiénes eran estos menores y en qué circunstancias fueron vinculados a la guerrilla? Esta información debería ser esclarecida por el mismo Estado colombiano.
Desde el Ministerio de Defensa se había ocultado la presencia de menores de edad, repitiendo un patrón de política militar que ya había levantado ampolla anteriormente, e incluso había costado la cabeza de un ministro, el señor Guillermo Botero, quien a finales de agosto de 2019 autorizó bombardeos a la guerrilla de las FARC en Caquetá, donde murieron siete menores entre los 12 y 17 años.
La edad de los fallecidos se confirmó luego de que el senador elevara un derecho de petición ante el Instituto Nacional de Medicina Legal buscando esos datos.
Ante los hallazgos, Cepeda pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Niños en los Conflictos armados, que realicen una visita al país para conocer de primera mano la situación que enfrenta la niñez con ocasión del reclutamiento forzado y del tratamiento de guerra que han recibido por parte de las Fuerzas Militares.
Se espera que el organismo examine las medidas que se deben adoptar al respecto.
«La responsabilidad en la protección de la vida de los niños y niñas no corresponde únicamente a los grupos armados promotores del reclutamiento, quienes deben responder por cometer este crimen de guerra. El Estado colombiano tiene una obligación internacional de protegerlos. Sin embargo, ha sido una constante de las Fuerzas Militares realizar el método de mayor impacto y daño a la vida sin distinción: los bombardeos. No hay nada más excesivo que matar a niños y niñas reclutados en un contexto de vulnerabilidad y abandono estatal para conseguir una ventaja militar que se podía obtener por otros medios», señaló el senador.
Finalmente, recordó que, con base en los principios del Derecho Internacional Humanitario, todas las actuaciones militares deben llevarse a cabo bajo estricta precaución, es decir, que una operación militar debe causar el menor daño posible respecto a la ventaja militar esperada. En este marco y bajo el interés superior de los niños y de las niñas, debe darse prioridad a preservar la vida de toda la niñez que se encuentre vinculada a los grupos armados, entendiendo que se trata de víctimas del conflicto.
Durante el último año, el reclutamiento forzado aumentó en más de un 113%, incluso la Defensoría del Pueblo advirtió en 45 alertas tempranas que en 238 municipios de 5 departamentos del país, entre ellos Chocó, había un alto riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Pese a ello, contrario a desarrollar una estrategia integral para prevenir y atacar este flagelo, el Gobierno nacional ha decidido utilizar mecanismos de guerra sin observancia de los principios básicos de protección, prevención y precaución, convirtiéndose así en autor, al igual que los grupos armados ilegales, de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Ya en marzo de 2021 había ocurrido otro escándalo, cuando el periodista Hollman Morris denunció que en San José del Guaviare el Ejército había llevado a cabo otro bombardeo en la vereda Buenos Aires, donde también habían muertos aproximadamente 14 menores edad.
El Ejército culpa al ELN
En un comunicado, las Fuerzas Militares señalaron que el bombardeo fue legítimo y acusaron al ELN de poner en riesgo a los menores de edad.
«El reclutamiento de menores constituye un crimen de guerra que ha sido una práctica sistemática e histórica realizada por todos los grupos armados organizados en el territorio nacional, son ellos los llamados a responder por esta conducta según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) (artículo 51 numeral 7 del protocolo I de Ginebra de 1977) y lo contenido en el Estatuto de Roma (artículo 8 literal B del numeral 23″, reza el documento.
El Ejército afirmó que quien infringe el Derecho Internacional Humanitario es quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar, en este caso el ELN.
