En julio de 2020 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 032 de 2020, en donde advirtió de los inminentes riesgos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Medellín y el Valle de Aburrá por la presencia y el control que ejercen unos 140 grupos criminales, con mayor impacto en seis (6) comunas de la ciudad.
Se trataría de organizaciones armadas con diferente tamaño y capacidad de expansión, y algunas de las cuales se han enquistado en zonas enteras y tendrían una tradición de hasta más de 40 años.
Las zonas más afectadas son la Comuna 7 (Robledo), 12 (La América), 10 (La Candelaria), 13 (San Javier), 15 (Guayabal) y 16 (Belén), donde viven más de dos millones de personas, la mayoría “transportadores, comerciantes, artistas urbanos, habitantes de calle, población migrante venezolana, campesinos, lideresas y líderes comunitarios, defensores y defensoras de DDHH, líderes del movimiento estudiantil universitario”, según el informe de la Defensoría del Pueblo.
Aunque en su momento la emisión de dicha Alerta Temprana generó reacciones por parte del Ministerio del Interior de Colombia, y se generó una reunión de la comisión intersectorial de respuesta a las alertas tempranas, en donde participaron varias dependencias del Gobierno Nacional, el ICBF, la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín, la Fiscalía y la Fuerza Pública, la situación continúa crítica.
Eso se evidencia en el progresivo aumento del Desplazamiento Forzado Intraurbano que se está viviendo en la ciudad, según un reciente informe de la Personería, en el que se reportan al menos 2.500 desplazamientos forzados en lo que va del año 2020.
Este tipo de desplazamiento implica que muchas personas sean expulsadas de los territorios donde habitan mediante agresiones o amenazas, y por ende, deban huir y buscar establecerse en otro sector de la urbe.
En tal sentido, el personero William Yeffer Vivas Lloreda hace “un llamado a las autoridades para brindar seguridad en los distintos sectores de la ciudad, pero también de llevar las instituciones a todas las comunas, así para prevenir conductas como estas que desarraigan a los ciudadanos del lugar donde residen”.
Por su parte, desde la Alcaldía de Medellín han manifestado que en 2020 han atendido a 1.508 personas que han declarado por desplazamiento forzado intraurbano (DFI) (con corte al 31 de octubre), lo que equivale a 486 hogares.
No obstante, se percibe una gran ineficiencia institucional en cuanto a la prevención de estos desarraigos forzados.
Un Laboratorio Ciudadano para hablar del Desplazamiento Forzado Intraurbano
Actualmente el Museo Casa de la Memoria de la Alcaldía de Medellín (con el apoyo del Teatro Pablo Tobón Uribe y la Corporación Lluvia de Orión) desarrolla el Laboratorio Transmedia Ciudadano sobre Desplazamiento Forzado Intraurbano, que consiste en la generación de conversaciones y encuentros virtuales donde se construyen propuestas y acciones creativas para visibilizar el Desplazamiento Forzado Intraurbano en la ciudad.
Si usted quiere hacer parte de este espacio de participación y construcción ciudadana, por favor inscríbase en el siguiente enlace: https://forms.gle/iNmC9Zt8Cr7MbwNJ9
