El uribismo amenaza al resto del país

Desde el fin de semana los adeptos al uribismo desplegaron una delicada estrategia de intimidación y amenazas hacia las instituciones de justicia del país, especialmente la Corte Suprema de Justicia, y hacia los colombianos que no son partidarios del senador Álvaro Uribe Vélez. La campaña está tomando visos intimidadores.

Imagen: Captura de pantalla, Noticias Uno.

Por: Róbinson Úsuga Henao

 

Hoy en día las redes sociales reflejan las percepciones y opiniones de un porcentaje importante de la población. Y al mismo tiempo, son medios que favorecen la actividad de los movimientos políticos. Desde allí, líderes y oradores conducen a sus adeptos, ganan nuevos seguidores y logran sus intereses judiciales, económicos o electorales.

Con la tramposa creación de perfiles falsos o bots, también se desarrollan estrategias de propaganda. La misión: manipular a enteros grupos sociales; inducir al error, al pánico o hacer un llamado a la ilegalidad.

Algo que vemos actualmente desde el uribismo.

Todo comenzó el pasado fin de semana. La comunicadora Vicky Dávila publicó un artículo opinado en la revista Semana, donde ponía el dedo en la llaga. Alarmaba a la población sobre las dantescas repercusiones políticas que se desatarían si se dictaba medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe.

Según ella, sería un golpe letal contra el gobierno Duque y la bancada del partido Centro Democrático en el Congreso de la República. La gobernabilidad «se iría al carajo», y aumentaría la violencia: «Si a Uribe lo ponen preso, les doy una pésima noticia a sus malquerientes: no se acabarán todos los problemas que tiene Colombia. Tampoco llegará la paz que todos deseamos. Quizás la violencia se agudice».

Otros adeptos al uribismo, como ella, opinaron de manera similar, hasta el día de la verdad, el martes 4 de agosto, cuando el expresidente confirmó en su perfil de Twitter que había recibido el nuncio de la Corte Suprema. Fue inevitable su detención domiciliaria por el caso de la presunta manipulación de testigos.

Las redes sociales estallaron. Empezó una enconada confrontación entre quienes estaban a favor y en contra de la decisión judicial.

Pero más allá del debate judicial, se han vuelto llamativas las diversas reacciones desde el seno del uribismo.

La senadora Paola Valencia anunció que su partido Centro Democrático convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente para suprimir las cortes y crear una nueva súper corte que fuera favorable al uribismo.

La también senadora Paola Holguín envió un mensaje de audio por WhatsApp convocando a la reserva activa del Ejército en un claro llamado a la sedición contra la Corte Suprema. Algo que tiene claros visos delictivos.

Y ahora intentan posicionar por medio de las redes sociales la tendencia #DespideUnMamerto, que es un llamado para que los empresarios y contratistas expulsen de sus trabajos a quienes no tienen ideas cercanas al uribismo.

Lo cierto es que de concretarse ess medida, sería ilegal e inconstitucional,

Acosar a alguien con base en su raza, religión, ideología, antecedentes políticos, nacionales, étnicos o culturales, o quien cause daño físico a una persona debido a su raza, etnia, religión, nacionalidad, opinión política o filosófica, sexo u orientación sexual, es susceptible de una pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 10 a 15 salarios mínimos mensuales.

Las penas anteriores se incrementarán en 33 a 50% si dicho comportamiento está orientado a negar o restringir derechos laborales.

Lo anterior según al Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el Código Penal y el Código Sustantivo del Trabajo.

En esa campaña excluyente y polarizadora, ya creyeron encontrar a una potencial primera víctima visible: la joven Lina Arango, supuesta voz telefónica de Bancolombia.

Los uribistas furiosos pidieron que la entidad bancaria la dejara sin trabajo por haberse expresado en un video a favor de la orden de detención contra Uribe.

Aún se desconoce qué otras campañas o acciones podrían liderar los uribistas contra los colombianos que no piensan igual a ellos, pero lo cierto es que, al manejar al actual gobierno nacional, al estar infiltrados en la Fuerza Pública, al tener el control en la Fiscalía General de la Nación y al haber puesto al actual presidente del Senado de la República, los colombianos que no son adeptos al uribismo sí deberían tener muchas razones para preocuparse.

El uribismo se está convirtiendo en una fuerza política amenazadora y peligrosa para la sociedad colombiana.