Por: Róbinson Úsuga Henao
Adriana Arboleda es una abogada que desde la Corporación Jurídica Libertad ha estado acompañando a los parientes de víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13. En Lluvia de Orión quisimos entrevistarla con respecto al Auto de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz del pasado 8 de julio, que ordenó a la Alcaldía de Medellín, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y a la Fiscalía para que en un plazo de diez (10) días hábiles entregaran información sobre los 435 posibles casos de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín.
En este artículo, Adriana hace una descripción del panorama actual relacionado con la problemática.
Róbinson: ¿En este 2020, cómo ha estado la búsqueda de respuestas sobre los desaparecidos en Medellín?
Adriana: Hemos estado encerrados desde que empezó la pandemia y apenas a mediados de junio comenzamos a salir del letargo. La JEP y toda la justicia entraron en suspensión. Claro que desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, sí hemos trabajado mucho, estamos adelantando un nuevo informe sobre la Comuna 13.
¿Y qué me dice del Auto 097 que hace poco expidió la JEP?
Es lo único nuevo y busca retomar unas obligaciones que quedaron de la audiencia que se hizo justamente hace un año, el 17 y 18 de julio de 2019. En esa audiencia la JEP le solicitó a las instituciones que entregaran la información que tenían de la desaparición forzada en la Comuna 13Y bueno la JEP muy juiciosa se puso y… bueno, en la audiencia le solicito a todas las instituciones, a la Alcaldía, a la Gobernación, a Medicina Legal, a la Fiscalía, etc. Que entregaran la información que tenían sobre Comuna 13.
¿Y sí entregaron información?
No. Realmente la mayoría de las instituciones nunca pasaron esa información. Sin embargo, la JEP tomó la base de datos que nosotros les pasamos, la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (que venía haciendo un trabajo importante antes de que nombraran como director a este señor Darío Acevedo) y tomó algunos datos parciales que la Fiscalía le había pasado y logró estructurar una base de datos con 417 casos. Imagínese usted Robinson… ¡Yo no sé cómo aquí nadie se sorprende que estemos hablando de que solo en una comuna de Medellín tenemos más de 400 desapariciones forzadas! Se siguió estructurando esa base de datos y al día de hoy se tienen 435 casos registrados, con información general.
Me temo que lo que realmente va a pasar es que estas instituciones no tienen información y por eso no la han entregado, lo cual es una evidencia de la negligencia tan tenas que han tenido en las denuncias.
¿Además de la Fiscalía, la Personería de Medellín no debería tener esa información?
En la Personería no tienen un consolidado de desaparición forzada de la comuna. Es que ni siquiera de las comunas de la ciudad. Ellos algunos años sacan unos informes, pero no… no tienen un consolidado de desapariciones forzadas de la ciudad. Entonces en ese sentido el Auto de la JEP nos parece súper fundamental: porque presiona a las instituciones y nos da un espaldarazo por las denuncias que hacemos desde el Movice, diciendo que los periodos de mayores desapariciones forzadas coinciden con las operaciones militares ordenada por el gobierno de Uribe. Es que la mayoría de casos se cometieron entre el segundo semestre del 2002 y el primer semestre del 2003. Y bueno, también en la época en que estuvo vigente todo el paramilitarismo en Medellín.
¿La JEP puede sancionar a los funcionarios de estas entidades por no responder?
No, o sea… la JEP puede sancionar a un funcionario por incumplimiento de una exigencia judicial porque la JEP es un tribunal que tiene toda la potestad judicial, pero solo sancionan si no responden. Pero si responden diciendo: «No tenemos esa información, nunca la registramos o se nos perdió», pues ahí desgraciadamente no hay nada que hacer. Nosotros seguiremos denunciando esta impunidad estructural. Que hoy en día la Fiscalía diga que no tiene ningún caso abierto por los desaparecidos de la Comuna 13, y que no tiene claridad sobre ciertos hechos, que cuerpos que fueron recuperados en fosas hoy no se sepa dónde están… refleja la negligencia y la desidia estatal.
¿Pero eso pasa sobretodo es con los crímenes que tienen que ver con el Estado, no?
Sí, total. Bueno, hay una tesis que yo siempre he sostenido y ojalá la Comisión de la Verdad pudiera decir algo sobre eso, y es que el tema de la Comuna 13 no avanza porque allí se juntaron todos los poderes en contra de la población. O sea, en la Comuna 13 se juntó el poder político, el poder militar y paramilitar, y el económico, y hasta ahora ha habido toda una estratégica de proteger ese poder. Es que mira, a nivel militar el comandante era Mario Montoya Uribe, la ministra de defensa era Martha Lucía Ramírez, el presidente que ordenó la Operación Orión fue Álvaro Uribe Vélez, La Arenera es una empresa privada que hace parte de un conglomerado ligado al Grupo Empresarial Antioqueño… Tenemos un coctel de poderes que ha rodeado toda esa impunidad. No es como en otros casos donde la información sale a la luz porque el implicado es quizá una sola persona, un político.
Aquí se juntan muchas cosas que hacen que la información se pierda, que no aparezca, que a nadie le interese. Que no se haya buscado a los desaparecidos es una forma de proteger esos poderes.
Pero también quizá desde la sociedad también hay como una indiferencia… porque lo que presume la gente es que allá hicieron una labor de limpieza contra la izquierda. Entonces lo encuentran justificable. ¿No le parece? ¿Qué opina de eso?
Estoy totalmente de acuerdo. Pero es una responsabilidad distinta, Róbinson. Una cosa es hablar de la responsabilidad penal porque ordenaron o porque participaron, o porque protegieron a los criminales en graves violaciones a los derechos humanos, y otra cosa es la responsabilidad de la sociedad, como ciudadanía que ha sido indiferente y ha legitimado esa barbarie. Ignorando el problema o aplaudiendo el exterminio. María Teresa Uribe escribió mucho sobre eso, sobre el tipo de responsabilidad social que nos cae como sociedad antioqueña que hemos banalizado la violencia como una forma de convivencia, y que bueno, los medios de comunicación, las telenovelas, todo ha terminado legitimando. A mí todavía me sorprende que en mi propia familia miren una y otra vez la serie sobre Pablo Escobar y les de risa lo que allí sucede. Porque eso es lo que somos como sociedad ¿Cierto? Si algo hemos perdido con esta guerra es mucha moral y mucha ética para entender la violencia y el daño que esta violencia hecho.
Con respecto a la Comuna 13… yo por ejemplo he venido trabajando el tema de los dispositivos para el genocidio. O sea, cómo se adecúa y se moldea a una sociedad para que legitime la violencia por la vía de crear un único enemigo, en este caso los únicos enemigos eran las milicias, y las milicias había que destruirlas. Había que derrotarlas sin importar el método. Cualquier método se vale, y si hay efectos colaterales, pues no importa. Creo que fue eso lo que pasó en la comuna: un genocidio. Y la gente aplaudió eso.
Esos poderes que usted decía que se juntaron allá en la 13, ¿son poderes que todavía prevalecen?
Sí. Esos poderes siguen funcionando. Han cambiado las dinámicas pero de alguna manera siguen funcionando. Aquí no hemos salido del proceso de co-gobernabilidad con las estructuras criminales del paramilitarismo. Y te digo que si aquí si no salimos de ese proceso, nunca vamos a superar esta impunidad.
En ese sentido, ¿qué opina del trabajo que viene haciendo la JEP con respecto a los desaparecidos de la Comuna?
Es la primera vez que una institución se toma en serio el tema de la desaparición forzada en la Comuna 13, y no como hasta ahora, que dependía de los eventos que hacíamos con los parientes de los desaparecidos, o la intervención que logramos que se hiciera en 2015 sobre La Escombrera. Acá La JEP ha logrado hacer como una sistematicidad a partir de toda la información que le hemos entregado.
¿Cómo cree que resulte afectada la solicitud que hizo la JEP ante el cambio de gobierno? Ya sabe, salió Federico Gutiérrez sin hacer mucho al respecto y la alcaldía de Daniel Quintero parece más enfocada en atender la pandemia.
Pues mira, La JEP le está dejando claro a la alcaldía y a toda la institucionalidad que las órdenes son a la institución y no a los funcionarios, o sea que la solicitud que se le ha hecho a la alcaldía tiene que responder al margen de que quién sea el alcalde. De hecho pues en la alcaldía ahora en este programa de derechos humanos están casi que las mismas personas, el mismo equipo, en el tema de desaparición forzada están básicamente muchos de los que estaban el año pasado, o varios más bien, de los que estaban el año pasado, que hay un subsecretario nuevo pero ahí hay unas personas que venían de… o que ya habían trabajado en el periodo con Federico. Entonces nosotros creemos que tienen claro lo que va a pasar.
¿Cómo vio usted al anterior alcalde, Federico Gutiérrez, frente a esta problemática?
Siempre me pasa que cada que hay una alcaldía nueva, yo como que renuevo mis esperanzas, digo… «Seguramente esta vez sí nos va a funcionar, esta vez no vamos a tener problemas». Cuando empezó Federico, pensé que nos iría bien, pero tuvimos una mala experiencia. Terrible. Yo creo que fue un fiasco y no logramos trabajar. Todo lo contrario, hubo mucha regresividad en lo que habíamos hecho y realmente para el caso de la Comuna 13 el 2019 fue un año perdido. Lo superamos en algo por lo que la JEP pero no por lo que haya hecho la Alcaldía de Federico Gutiérrez.
¿Y cómo ve al nuevo alcalde, Daniel Quintero?
Mire, yo voté por este señor porque realmente pensaba que era un hombre distinto. Fui una de las que firmó la tutela en contra de Medellín me cuida, no por las medidas de restricción de derechos, de empadronamiento, de aprovechar las plataformas derivadas del Covid para tener el máximo de datos de toda la ciudadanía de esta ciudad. A mí me da desconfianza y creo que estamos lejos de construir una seguridad democrática que respete los principios democráticos de la autonomía e intimidad.
La respuesta de Daniel Quintero hacia todas las personas que lo han cuestionado, ha sido siempre agresiva, deslegitimadora, poca dialogadora. Ordenar la entrada del ESMAD a la Universidad de Antioquia, sin invitar a los estudiantes a un diálogo… A mí realmente nada de eso me ha gustado, Róbinson. Me parece que son evidencias de autoritarismo.
Pero hay como una tradición en Antioquia de gobernar así ¿no? Desde las posturas autoritarias…
Si tú haces el seguimiento desde Luis Alfredo Ramos hasta el alcalde de hoy, los candidatos han sido de distintas posturas ideológicas, han sido de distintos partidos. Y desde Fajardo hasta hoy los últimos candidatos se han presentado como independientes, pero realmente la política ha sido la misma. La línea ha sido la misma. Puede que en otros temas sí existan diferencias, pero en el tema de seguridad yo realmente no veo ninguna diferencia.
¿Qué va a pasar entonces después de estos 10 días que le dieron a la Alcaldía, al DANE y a la Fiscalía para que presenten los datos a la JEP? ¿Qué va a pasar al menos por parte del Movice?
Nosotros estamos esperando a que entreguen la información y vamos a estar atentos, y pues en caso de que no la presenten, nos pronunciaremos y adelantaremos las medidas que sean necesarias.
