Por: Patrick Naef*
Durante el mes de abril, diez días después del anuncio de la contención en Colombia, un residente de la Comuna 13 en Medellín fue filmado en Facebook mostrando una bolsa de provisiones y agradeciendo por este apoyo a La Agonía, una de las treinta pandillas que controlan esta área marginal de la segunda ciudad del país. Esta publicación generó varios comentarios, algunos cuestionando el verdadero espíritu caritativo detrás de esta iniciativa y preguntando si también había planes para detener la recolección de vacuna, que se refiere al impuesto de extorsión a una gran cantidad de empresas y negocios en el país.
La Agonía fue noticia en la prensa local de Medellín en febrero pasado cuando 47 de sus presuntos miembros fueron arrestados después de una serie de asesinatos que causaron un clima de terror en esta comuna después de un comienzo de año relativamente calmo. En esta área periférica, conocida por su historia de violencia y todavía plagada de serios problemas de seguridad, las pandillas locales, comúnmente conocidas como «combos», ejercen un control social y económico significativo, que implica extorsión y tráfico ilegal, pero también traen una forma de gobernanza a través de la resolución de conflictos. El ejemplo presentado a continuación muestra que los grupos armados al margen de la ley han sido muy reactivos a la crisis del Coronavirus, principalmente en los márgenes urbanos de América Latina, donde las autoridades públicas a menudo son vistas con desconfianza. La pandemia es un indicador importante de las diferentes dinámicas que caracterizan a estos grupos ilegales, especialmente en ciertas áreas periféricas del sur donde la contención se considera imposible.
Entre «violence as usual» y el apoyo comunitario
Las autoridades y los medios colombianos no perdieron el tiempo: después de una semana de encierro, ya anunciaban una caída drástica de los homicidios, extorsiones y robos, al tiempo que reconocían un preocupante aumento de la violencia doméstica. La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional afirmó, a principios de abril, que entre el 22 y el 31 de marzo, ciertas ciudades colombianas habían experimentado una caída en los homicidios entre el 40 y 100% (por ejemplo, una disminución de 94% en Medellín y 78.9% en Cali). Sin embargo, más allá de estos efectos de anuncio, muchos líderes comunitarios recuerdan que desde los Acuerdos de Paz firmados con las FARC en 2016, su seguridad ha seguido deteriorándose y la reorientación de la policía hacia la implementación de las medidas asociadas con la pandemia solo refuerza su vulnerabilidad. Este contexto también desvía la atención pública hacia otras prioridades. Como señala Gladys Aristizábal, una líder social con sede en la capital, ya han vivido muchas «cuarentenas» antes de la crisis pandémica debido a las amenazas de los grupos criminales: «La simple diferencia hoy es que también debemos proteger nuestras vidas, lavándonos las manos cada quince o veinte minutos». Después de nueve días de reclusión, al menos cinco líderes comunitarios ya habían sido asesinados en Colombia.
Si la pandemia y las medidas de contención que la acompañan favorecen el sentimiento de impunidad de los actores al margen de la ley, este contexto también limita su actividad económica, debido a la caída significativa del micro tráfico y los obstáculos relacionados con extorsión de una población que ve desaparecer sus propios ingresos. En este contexto de crisis generalizada, las respuestas de las estructuras criminales han sido variadas y volátiles.
Algunas pandillas han aumentado el crimen y la presión sobre los residentes de los vecindarios que controlan, mientras que otras lo han aprovechado para fortalecer su capital social llevando a cabo tareas de control y apoyo comunitario.
Este fue particularmente el caso en las Favelas de Río de Janeiro, así como en otras ciudades de un país cuyo presidente actual, Jair Bolsonaro, se hunde cada día más en la negación, rechazando cualquier medida para detener la pandemia. Por supuesto ciertos gobernadores se han hecho cargo, pero la falta de respuesta de las autoridades públicas ha resultado en estos márgenes urbanos un vacío que los grupos ilegales en busca de legitimidad se apresuraron a llenar. El 25 de marzo, el diario británico The Guardian informó en las Favelas de Santa Marta, Cidade de Deus y Rocinha, iniciativas de grupos ilegales destinadas a tomar el control social de la crisis pandémica. Estructuras como el Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más antiguos del país, habrían asegurado tareas de gobernanza como establecer toques de queda y controlar la distancia social, pero también ofrecieron apoyo a la comunidad ubicando puntos de jabón y agua.
Otros medios también han informado sobre tales prácticas en México, particularmente en Guadalajara, donde el Chapo Guzmán, narcotraficante actualmente encarcelado en una prisión estadounidense de alta seguridad, ha podido llamar la atención gracias a su hija Alejandrina. Esta última ha entregado cientos de paquetes de «chapodespensas» que contienen elementos esenciales, marcados de forma llamativa por un logotipo estilizado del antiguo capo de la droga y promovido agresivamente en las redes sociales. Otros carteles mexicanos han participado en medidas para contrarrestar la pandemia, principalmente mediante el uso de la violencia y las amenazas para garantizar el toque de queda.
En el triángulo norte, los «Mara Salvatrucha y Barrio 18» también participaron en la gobernanza de la crisis, principalmente en El Salvador y Guatemala, amenazando a los recalcitrantes a la contención y en algunos casos suspendiendo la recaudación de impuestos de extorsión. En el caso de El Salvador, las acciones de los grupos criminales durante la crisis reforzaron al presidente Nayib Bukel en sus posiciones autoritarias. Denunciando más de 50 asesinatos relacionados con pandillas durante el fin de semana de abril, el presidente salvadoreño aisló y mezcló a miembros de maras en conflicto en las mismas celdas. El objetivo era bloquear todas las formas de comunicación para detener los mecanismos de gobernanza criminal iniciados desde las cárceles. La difusión de fotos que muestran a los prisioneros abarrotados y semidesnudos en la prisión de Izalco ha llevado a Amnistía Internacional y a muchas ONG a denunciar las condiciones «deshumanizantes y humillantes».
Robins de los tugurios
Como Joaquín Guzmán o Pablo Escobar, varias figuras han marcado a las Américas, utilizando una forma de populismo para construir su capital social, particularmente con respecto a las poblaciones más desfavorecidas. El ex jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, fue sin duda el mejor en este juego, presentándose como un Robin Hood en ciertos distritos populares de la segunda ciudad de Colombia. Hoy, aún circulan muchos mitos urbanos sobre estas pseudoacciones caritativas. Tomando el pretexto de que «El Patrón» había contribuido realmente a la iluminación de una cancha, algunos no dudan en atribuir a Escobar una gran parte de la construcción de los campos de fútbol en las afueras. Y el sector turístico en pleno desarrollo antes de la crisis contribuye significativamente al desarrollo de leyendas urbanas asociadas con el narco-populismo colombiano.
En el contexto de la pandemia, parece que varias estructuras criminales en América Latina han adoptado este adagio a menudo atribuido a Winston Churchill: «Nunca debes desperdiciar una buena crisis».
Con mucha propaganda en las redes sociales, ampliamente difundida por los medios internacionales, muchas pandillas se presentaron como Robin Hood contra el Coronavirus, imponiendo buenas prácticas y brindando apoyo a la comunidad. En este contexto, es importante poner en perspectiva la importancia de las acciones caritativas de estos grupos criminales, que representan solo excepciones al status quo basado en el «violence as usual», que generalmente es el orden del día. Muchos medios contribuyen a romantizar el mundo criminal en América Latina, enfatizando su papel de apoyar a la comunidad y presentarlos como sustitutos importantes de la falta de implicación de las autoridades públicas.
Al hacerlo, tienden a ocultar el hecho de que la gran mayoría de las acciones llevadas a cabo para apoyar a estas comunidades son de hecho realizadas por residentes o asociaciones que no están involucradas en actividades delictivas.
Esta visión también tiende a pasar por alto el hecho de que los miembros de pandillas a menudo son parte de la comunidad y con frecuencia están íntimamente vinculados con sus otros miembros, ya sea en términos de parentesco, amistades o relaciones vecinales de larga data, y esto principalmente en áreas urbanas a menudo aisladas del resto de la ciudad durante décadas. Una visión binaria, que presenta a estos grupos al margen de la ley y de lo que generalmente se considera la «comunidad», como grupos distintos y opuestos, oculta ciertos mecanismos que explican la participación de los actores criminales en el apoyo social de los barrios populares.
Observar las consecuencias de la crisis pandémica sobre la violencia urbana en América Latina también significa poner en perspectiva observaciones apresuradas sobre los efectos beneficiosos del confinamiento en este contexto. Sin duda, es un buen presagio detectar palancas en esta situación extraordinaria para compartir un futuro más igualitario, más ecológico y menos violento.
El hecho es que, como en el nivel ecológico donde se necesitarán acciones mucho más concretas para reducir la tasa global de CO2, los problemas estructurales que condicionan las altas tasas de violencia en las ciudades de América Latina, consecuencias de décadas de el neoliberalismo y el neocolonialismo, requerirán un poco más de dos meses de encierro para remediarlo.
Los diversos mecanismos asociados con los actores criminales en la crisis de salud, entre el apoyo de la comunidad y el status quo basado en el «violence as usual», dependen de los diferentes contextos culturales e históricos que dan forma a los barrios populares de ciudades como Medellín, Río de Janeiro o San Salvador. Más allá de la tasa de homicidios, que no puede considerarse como el único marcador de violencia, también es importante observar la evolución de otros tipos de violencia, los relacionados con la esfera doméstica, el delito cibernético o incluso a las deplorables condiciones de vida en las cárceles, que la crisis pandémica ciertamente no ha ayudado a disminuir.
* Patrick Naef es antropólogo de la Universidad de Ginebra e investigador sobre la violencia urbana en Colombia y Latinoamérica.
Artículo publicado originalmente en: https://lecourrier.ch/2020/06/01/le-crime-aux-temps-du-corona/
Bibliografía:
- Caracol Noticias, 2 de abril de 2020.
- «Las pandillas de Brasil imponen toques de queda estrictos para frenar la propagación del coronavirus», The Guardian, 25 de marzo de 2020.
