Por: redacción Lluvia de Orión
En su más reciente especial, la revista Semana publicó el artículo «Las carpetas secretas», un texto donde se conocen, con la ayuda de más de 10 uniformados que realizaron estos trabajos y que pidieron proteger su identidad, las operaciones de inteligencia que el Ejército ejecutó para perfilar más de 130 civiles.
Los «casos especiales», nombres que llevan los folios de la inteligencia militar incluyen información personal de todo tipo: desde teléfonos, correos electrónicos, colegas y amigos, hasta direcciones de residencia y trabajo, familiares, hijos, lugares de votación e infracciones de tráfico.
Algunos perfiles son de periodistas. Uno de los casos que más llama la atención es el de Nicholas Casey, corresponsal del diario The New York Times y quien el pasado 18 de mayo de 2019 publicó una nota para su grupo editorial sobre la circulación de unos formatos. La idea era que en estos documentos, comandantes militares reportaran el número de bajas, esto generó gran polémica porque se entendió como el retorno de los «falsos positivos».
Después de eso Casey entró a la lista. Según uno de los uniformados «La orden de los mandos de los Batallones de Cibertinteligencia (Bacib), el Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y el Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim), fue que, por instrucciones de mi general, había que conseguir todo lo que se pudiera sobre el periodista gringo, especialmente porque consideraban que, por lo que publicó, estaba atacando a la institución y, en particular, a mi general Martínez. Había que averiguar con quién habló para eso y, además, conseguir elementos para tratar de desprestigiarlo a él y al medio».
Y el asunto empeora. Según la investigación, el gobierno norteamericano ha brindado alrededor de 400.000 dólares anuales a los servicios de inteligencia, ¿pero a dónde van a parar los dineros de los contribuyentes de Estados Unidos? Pues vaya sorpresa la que se llevarán cuando se compruebe que estos fondos, en vez de ser usados para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, han sido destinados en parte para escudriñar la vida privada de sus propios ciudadanos.
¿Qué dicen las víctimas?
El pasado 3 de mayo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicó un comunicado donde se rechazan las acciones cometidas por el Ejército. Primero porque algunos de los periodistas que hacen parte de la fundación han sido perfilados y segundo porque no logran entender el alcance de este seguimiento informático. Lo esperado de esta Institución Nacional es que se dediquen a proteger la labor periodística, no acosarla ni tacharla.
Una de las preguntas que el manifiesto pide resolver es: «¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización?».
El comunicado ha sido firmado por los periodistas que fueron blanco del perfilamiento, algunos de ellos son: Juan Forero de The Wall Street Journal, Nicholas Casey del The New York Times, Yolanda Ruiz de RCN radio, Daniel Coronell de Univisión, etc. Además, la petición la respaldan otros periodistas, empresas y organizaciones periodísticas, periodistas internacionales, la Red Colombiana de Periodismo Universitario y sus medios integrantes, que si bien no han sido víctimas, acompañan a sus colegas ante el escándalo.
Por su parte, María Alejandra Villamizar, comunicadora con un recorrido de más de 25 años y actual periodista de Noticias Caracol, también ha sido blanco de los objetivos militares. En una entrevista realizada por El Espectador, Villamizar cuenta que si bien la persecución a periodistas no es nada nuevo en el contexto de guerra que ha estado sumergido el país, es importante no reincidir en el mismo procedimiento a la hora de erradicar estas conductas de las Fuerzas Militares.
«Siempre que se encuentra un lunar en la actuación de las Fuerzas Militares es como si se podara un árbol. Vienen los comandantes de turno, sacan oficiales de servicio y aseguran haber podado de tajo las ramas podridas. El árbol vuelve a quedar bonito y todos los colombianos lo apoyamos de nuevo. Pero los colombianos ya les han dado muchas oportunidades a las Fuerzas Militares, cada vez que han hecho una poda así. Pero el problema es que podan el árbol y nunca llegan a la raíz» dijo María Alejandra.
Desde Estados Unidos, Danielle Rhodes Ha, vicepresidenta de comunicaciones del The New York Times, le expresó a la revista que llevó a cabo la investigación «que estos hechos constituyen un intento de intimidar a la prensa y a sus fuentes, y de restringir informes que el público tiene derecho a conocer».
Por su parte, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), cuyos legistas han acompañado y asistido a numerosas familias víctimas de los falsos positivos, han sido también blancos del perfilamiento. En un comunicado público han exigido la sanción disciplinaria y judicial a integrantes de la Fuerza Pública envueltos en el espionaje.
«Insistimos en que una dimensión de las garantías de no repetición es la depuración de las instituciones. Desde la década de los noventa, Cajar ha sido víctima de seguimientos, (…) y actividades de inteligencia ilegal por parte de organismos de seguridad del Estado (…) Insistimos en la discusión pública sobre los límites a la labor de inteligencia en una democracia, la depuración de estos organismos, así como la descalificación, corrección y entrega de toda información adquirida ilegal o ilegítimamente contra personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos» apuntó Cajar.
