Por: Laura García Giraldo
Un Acuerdo de Paz firmado en un país como Colombia no es sinónimo de tranquilidad. Es más, desde que se firmó este tratado en 2016 hasta el 31 de marzo de 2020 se han reportado 854 asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en la nación, revelan datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El pasado 4 de marzo, Michael Forst, relator oficial de la ONU, presentó su más reciente informe ante el Consejo de Derechos Humanos en donde explicó la situación de vulnerabilidad que atraviesan líderes y defensores sociales en Colombia.
«Las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz; oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de la tierra; y por proteger sus comunidades. Las defensoras son, además, objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también el blanco de ataques», expresó Forst.
Colombia es el país latinoamericano con mayor número de asesinatos en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, por ende, aunque en un reciente informe de la Consejería Presidencial se evidencie un descenso de homicidios generales en el país desde el posicionamiento de Iván Duque, el número de homicidios a líderes y defensores ha aumentado desde 2016.
Un gobierno ausente
Las periferias y municipios más alejados de las urbes y el centro del país suelen ser los territorios más olvidados por el Estado, en ese sentido, por ser zonas en que la ley no actúa, el papel de los líderes y defensores es primordial.
Paradójicamente, como sus voces son tan fuertes y repercuten —pero no lo suficiente para llamar la atención del Estado colombiano—, grupos armados y demás actores ilegales los asesinan porque su presencia incomoda a las mafias políticas y a los actores ilegales. La impunidad de los casos de este tipo es del 95%.
Michael Forst también mencionó que tanto líderes como defensores están coaccionados a entablar relaciones con criminales que sucesivamente los identifican. Una vez los actores ilegales se ven restringidos por parte de los defensores para llevar a cabo sus planes: reclutamiento forzoso, extorsión y hasta violación sexual de familiares del líder, estos se transforman en objetivos.
Otras de las causas por las que los líderes son perseguidos es por sus funciones: exigir que se lleve a cabo el Acuerdo de Paz, el programa de sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural.
Las cifras sangrientas del 2020
Es responsabilidad del Estado
En Colombia hay una enfermedad más dañina que el famoso clientelismo y es la intolerancia. Nos hierve la sangre cuando el otro trabaja por su comunidad e indirectamente afecta nuestros deseos, trabajos y ganancias — más si se trata de actos ilegales—. En este país, parece ser que es más fácil matar a alguien para que se quede callado o no se entrometa en «mis asuntos» que dialogar y llegar a un acuerdo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que es obligación del Estado colombiano garantizar la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
«(…) Urge al Estado reforzar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad y seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos, tales como el fortalecimiento de las medidas de protección proporcionadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP)» declaró la CIDH.
Por otra parte –como un respiro para aquellos líderes o defensores que hayan sido amenazados o su vida esté en riesgo–, la Comisión de Paz del Senado ha destacado que el grupo ELN, en un comunicado emitido el pasado 29 de marzo, dejó claro que habrá un cese en las actividades armadas a partir del 1 de abril por motivo de la pandemia. Asimismo, la Comisión de Paz del Senado invita al resto de actores armados a dar cese al fuego unilateral.
