Indignación nacional por chuzadas y actos ilegales desde el Ejército de Colombia

Tras la grave denuncia de la revista Semana, según la cual desde el Ejército se estaría chuzando a magistrados de la Corte Suprema, políticos, periodistas y miembros de ONGs, parte de la sociedad colombiana se expresa en redes sociales, demostrando su indignación.

Imagen de referencia.

Después del escándalo de la Operación Andrómeda, revelado en febrero de 2014, cuando salió a la luz pública que el Ejército de Colombia venía chuzando a los negociadores del Proceso de Paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC, se creía que esos actos delictivos por parte del organismo castrense eran cosa del paso, pero ahora la Revista Semana vuelve a estremecer el país con una grave noticia:

El Ejército de Colombia viene utilizando modernos equipos donados por Estados Unidos para cometer actos ilegales, como la interceptación de llamadas telefónicas, la grabación de conversaciones, la captura de mensajes de chats y el seguimiento a las actividades de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de periodistas que denuncian irregularidades del Ejército y políticos que no comportan las mismas posiciones del gobierno Duque.

Ha logrado recabarse información de que estas situaciones irregulares se han venido presentando a lo largo de todo el año 2019, y que los seguimientos también se han enfocado en defensores de Derechos Humanos y miembros de organizaciones no gubernamentales.

Según la Revista Semana, el gobierno Duque ya se habría enterado de la situación y por eso habría acelerado la salida del comandante del Ejército, general Nicancio Martínez, en un anuncio transmitido por televisión el viernes 27 de diciembre de 2019.

En esa rueda de prensa el presidente Duque informó que el general dejaba el cargo por razones personales. Agradeció por sus 38 años de servicio y anunció su reemplazo: el general Eduardo Zapateiro.

Para entonces ya se habría dado una situación delicada: sospechando los seguimientos ilegales, la Corte Suprema habría ordenado un allanamiento a una sede militar estratégica que se llevó a cabo desde la mañana del miércoles 18 de diciembre.

 

El Ejército agarrado «con los calzones abajo»

La diligencia de inspección y allanamiento fue realizada por una comisión de la Corte en el Cantón de Comunicaciones del Ejército en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Allí se constató que los militares habían estado reemplazando discos duros y eliminando pruebas de las actividades irregulares.

Algunos soldados, suboficiales y oficiales hostigaron a los funcionarios judiciales y trataron de obstaculizar el acceso. Por eso tuvieron que pedirse refuerzos y en la diligencia terminaron participando más de 50 funcionarios (de la Procuraduría y la Dijín).

Fueron incautadas más de 20 USB con información sensible y más de 45 celulares y los computadores de algunos oficiales que comandaban algunas compañías militares.

Todo quedó bajo custodia.

 

La Fiscalía hace poco o nada  

Los congresistas Iván Cepeda (del Polo Democrático), Antonio Sanguino (del Partido Verde) y Roy Barreras (de La U), ya habían denunciado en julio de 2019 que estaban siendo objeto de chuzadas y seguimientos ilegales, pero la Fiscalía General de la Nación no le dio crédito a sus quejas y no emprendió ninguna investigación al respecto.

El caso puede terminar similar al escándalo de la Operación Andrómeda, donde la Fiscalía tampoco cumplió con su papel constitucional de investigar a fondo y buscar un castigo para los responsables. El caso quedó en la impunidad.

 

Chuzados los magistrados que investigan a Uribe

Uno de los datos más reveladores conocidos hasta ahora, es que entre los chuzados están los magistrados Julio César Reyes y Cristina Lombana, quienes han tenido a cargo el proceso judicial contra Álvaro Uribe por el supuesto soborno y manipulación de testigos.

 

Ciudadanos rechazan las interceptaciones

Este fin de semana ha venido creciendo la indignación por las revelaciones de la Revista Semana. Además, se ha comprobado que el ejército llevó a cabo estrategias de intimidación y seguimientos a los periodistas de dicha revista que han venido investigando sobre los casos de corrupción en el Ejército. Estos hechos vendrían a afectar negativamente al gobierno de Iván Duque porque darían la sensación que el país no avanza y continúan anomalías e ilegalidades que ya deberían hacer parte del pasado. Además, las interceptaciones ilegales suelen ocurrir en dictaduras o países que no son democráticos y donde no se respeta la separación de poderes, por eso estos sucesos son tan graves y desalentadores.

Recogemos algunas de las opiniones publicadas sobre el tema: