Mandatarios locales podrían atender algunas reclamaciones del Paro Nacional

Mientras el diálogo entre los promotores del Paro Nacional y el gobierno de Iván Duque sigue estancado, algunos de los 13 puntos exigidos por los manifestantes podrían empezar a tener respuesta desde los entes territoriales, principalmente desde las grandes ciudades colombianas, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Reunión entre el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero Calle, con el presidente de Colombia, Iván Duque, el 29 octubre de 2019. Cortesía.

Por: Róbinson Úsuga Henao

Este contenido hace parte del #DiariodelParo, una alianza de medios alternativos para cubrir las novedades del Paro Nacional en el contexto de Medellín y el Valle de Aburrá. #15DParoNacional: Generación Paz, De la Urbe, Periódico Contexto, Con la Oreja Roja, Le cuento la U, Hacemos Memoria y Lluvia de Orión.

 

El Paro Nacional, iniciado en Colombia desde el 21 no noviembre de 2019, todavía no se detiene ni se echa para atrás. Al contrario, las marchas, plantones, cacerolazos, conciertos, sancochos, veladas y demás acciones simbólicas, no solo se han mantenido en la temporada decembrina, sino que han encontrado nuevos apoyos por parte de sectores de la sociedad que se van sumando a las reclamaciones.

 

Fracasó el Foro de Sao Paulo, ahora son los rusos

Entre tanto, el gobierno de Iván Duque parece retomar el discurso de la conspiración internacional para desacreditar la protesta social, y en tal sentido no resultan fortuitas las declaraciones de su viceministra Marta Lucía Ramírez, quien el pasado 12 de diciembre, afirmó sin sonrojarse: «Nosotros sabemos que no es solamente por la inconformidad que hay en Colombia. Sabemos que hay una red internacional de apoyo para estimular ese malestar social (…). Tenemos certeza de que hay plataformas que desde Venezuela y Rusia han venido moviendo buena parte de todos estos mensajes en las redes sociales”, dijo.

Pese a que ya fracasó la estrategia de echarle la culpa al fantasmagórico Foro de Sao Paulo, ahora quieren culpar a Nicolás Maduro y Vladimir Putin, en una jugada política que resulta irresponsable, dadas las relaciones de amistad que se supone tiene Colombia con la Federación Rusa.

 

Alternativas ante la falta de liderazgo

Ante la evidente la falta de liderazgo y voluntad política por parte del presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, para atender las reclamaciones de los sectores gremiales, sociales, culturales y estudiantiles que actualmente se manifiestan durante el Paro Nacional, cabe preguntarse: ¿pueden explorarse otras vías para conectarse con los reclamos de la ciudadanía?

Carlos Julio Díaz Lotero, analista de la Escuela Nacional Sindical, reconoce que si bien en las demandas del Comité del Paro el grueso de los temas son del orden nacional, hay otros que tienen mucho que ver con las entidades territoriales, «como lo es la corrupción, que se ha descentralizado desde la Constitución del 91, la implementación de los Acuerdos de Paz, que pueden desarrollarse desde los presupuestos y políticas locales (en temas de reparación y atención a víctimas y población desplazada, reincorporación y apoyo de proyectos productivos). Entonces las autoridades locales sí tienen maniobra con respecto a las demandas del Paro Nacional», afirma Díaz Lotero.

En el caso de Medellín, ¿Qué tanto podría avanzar el nuevo alcalde, Daniel Quintero Calle, en la atención de los 13 puntos del Paro?

Con el apoyo de algunos analistas e investigadores, en Lluvia de Orión nos pusimos a la tarea de analizar cada punto del paro y describir si solo compete al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, o si existe maniobra desde lo local y qué tipo de gestión podrían hacer los mandatarios de los entes territoriales, en este caso la ciudad de Medellín:

 

Punto 1: Que sea retirado el proyecto de ley de la reforma tributaria, actualmente en tránsito en el Congreso de la República.

Corresponde al Gobierno Nacional.

 

Punto 2: Que se derogue el Decreto Ley 2111 de 2019 por medio del cual se creó el Grupo Bicentenario: un ‘holding’ financiero que aglutina a 18 entidades financieras del Estado, lo que para el comité conllevaría a una «masacre laboral».

Corresponde al Gobierno Nacional.

 

Punto 3: Que se derogue la circular del Mintrabajo número 049 del 2019 sobre estabilidad laboral reforzada. La circular se refiere a lineamientos para autorizar la finalización de contratos con trabajadores en condición de discapacidad o debilidad por razones de salud.

Se puede tener algún tipo de maniobra desde la ciudad de Medellín. Según Víctor Daniel Vélez Vélez, analista de Viva la Ciudadanía, «el municipio de Medellín podría aplicar bien aplicada la política de trabajo decente, que se refiere a lo que el mismo Estado hace en contratación, y evitar en ese mismo sentido lo que tanto hemos criticado como la tercerización o la nómina paralela por prestación de servicios».

 

Punto 4: Que se disuelva el Esmad y se depure a la Policía Nacional.

Si bien los alcaldes y gobernadores tendrían escasa incidencia en el desmonte del Esmad, sí podrían generar algún tipo de presión política ante el Congreso de la República y darle a estos escuadrones un manejo menos violento en los municipios. Como comandantes de policías, tanto los alcaldes como los gobernadores pueden pedir que el Esmad no actúe, como lo ha hecho el gobernador de Nariño, Camilo Romero. En ese sentido, en Medellín en particular, se espera la modificación, derogación y creación de un nuevo decreto 2254 del año 2013, que regula la protesta social en la ciudad.

«Ese decreto es bastante regresivo a nivel de garantías para el derecho a la protesta social, y sabemos que este tema es clave actualmente por el conflicto que hay por el papel del Esmad. Necesitamos que desde lo territorial se le dé a la protesta social un tratamiento de derechos y no como un enfoque de seguridad, que es el actual enfoque del Estado. Ahí tienen un papel importante los alcaldes y gobernadores porque son los jefes de policía en lo local», afirma Carlos Julio Díaz Lotero.

Sobre la depuración de la policía, los mandatarios también pueden desarrollar políticas locales para disminuir la corrupción y los abusos de autoridad por parte de la Policía en sus municipios.

 

Punto 5: Que no sea haga Reforma Pensional durante el gobierno Duque.

Corresponde al Gobierno Nacional.

 

Punto 6: Que el Gobierno no tramite una Reforma Laboral y se tumben los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo que imposibilita que tengan protección social quienes ganan menos de un salario mínimo porque no trabajan tiempo completo, que permiten recibir los Beps (una suerte de pensión para quien no alcance a ahorrar suficiente) en un solo pago y que hacen que haya un régimen intermedio de aportes a la salud entre quienes pagan el 16 por ciento y quienes no pagan nada, según sus ingresos.

Corresponde al Gobierno Nacional.

 

Punto 7: Que el Gobierno no privatice ni enajene bienes del Estado. Algunos antecedentes de empresas públicas que fueron privatizadas son los casos de Isagén, Empresa de Energía de Bogotá, Ecogás, entre otras.

En este punto tienen gran incidencia los mandatarios locales. Por ejemplo en Medellín y Antioquia hay empresas públicas grandes que vienen experimentando procesos privatizadores o amenazas de privatización, tal es el caso de Millicom-Une, EPM con los descalabros de Hidroituango y el manejo tras bambalinas del Grupo Empresarial Antioqueño (antes Sindicato Antioqueño). ISA; y la Fábrica de Licores de Antioquia, que en cada nuevo gobierno corre el riesgo de ser privatizada. E incluso el gobernador electo, Aníbal Gavira, tenía intenciones de privatizarla en su anterior gobernación.

 

Punto 9: Que se cumplan los acuerdos firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos y el actual con estudiantes, organizaciones indígenas, trabajadores estatales, Fecode y los sectores campesinos y agrarios.

Corresponde al Gobierno Nacional. Para Víctor Daniel Vélez Vélez, sobre el punto del cumplimiento de los acuerdos con el sector estudiantil, el municipio podría llevar más recursos a la educación en lo municipal. «Ahí hay una crítica a las Instituciones de Educación Superior, porque lo que se está haciendo con ese modelo es formando a técnicos y tecnólogos para que respondan al modelo neoliberal que estamos criticando. Pero lo que sí podría hacer es meterle plata para cualificar la educación superior en Medellín» dice Víctor Vélez.

 

Punto 10: Que se cumplan e implementen los Acuerdos de Paz en alianza con Defendamos la Paz, un grupo de la sociedad civil que reúne a activistas del ‘Sí’ a la Paz.

Para Leidy Buitrago, asesora regional de la corporación Viva la Ciudadanía, este es precisamente uno de los puntos del Paro Nacional que más aplicabilidad tiene en los niveles territoriales y regionales. «El Acuerdo de Paz tiene un enfoque que le da mayor fuerza, y es el de construcción de paz territorial, y eso lo que significa es que la paz se construye en los territorios. Su aplicabilidad es en los niveles locales y regionales. Para una ciudad como Medellín, el alcalde podría cumplir con el fortalecimiento y consolidación del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, que es un instrumento que trae el Acuerdo de Paz. En Antioquia tenemos dos zonas Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET (Bajo Cauca, Norte y Nordeste, y Urabá), y municipios de otras zonas. Esos municipios deberían ser prioridad para el Estado en el cumplimiento del Acuerdo. Y lo que vemos hasta ahora es que eso no está pasando».

Si bien corresponde al Gobierno Nacional buscar el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, los mandatarios electos de los municipios priorizados incluyan en sus Planes de Desarrollo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.

 

Punto 11: Que se tramiten en el Congreso los proyectos de ley que se plantearon en la consulta anticorrupción.

Los mandatorios locales podrían acogerse a las recomendaciones que ha hecho Transparencia por Colombia en material de contratación.

 

Punto 12: Que se derogue el impuesto o ‘tarifazo’ nacional para financiar Electricaribe. El artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo plantea que por cada kilovatio de energía que consuman los estratos 4, 5 y 6, se cobran 4 pesos para solucionar la crisis del servicio de energía eléctrica que vive la región Caribe, zona de operación de Electricaribe.

Corresponde al Gobierno Nacional.

 

Punto 13: Que se definan las políticas ambientales y la protección de páramos con «los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden».

También corresponde al Gobierno Nacional, pero en el caso de Medellín, el próximo alcalde podría avanzar en las políticas que mejoren la calidad del aire que se respira en la ciudad, la reforestación, lucha contra el tráfico de fauna silvestre y exótica, y el cuidado de las fuentes de agua.

 

El Paro Nacional también reta a los mandatarios locales

Entonces, si bien es claro que los representantes del Paro Nacional esperan respuestas principalmente del gobierno de Iván Duque y el Congreso de la República, cabe preguntarse…

¿Qué tan dispuestos están los nuevos alcaldes y gobernadores del país a responder asertivamente desde lo local a las crecientes demandas de una ciudadanía cada vez más activa?