Por: Juan David Cano

¿Qué sucedió el 5 de octubre de 2017? 

 Ese día, un grupo de la Policía Antinarcóticos disparó contra una manifestación campesina que se oponía al proceso de erradicación forzada que se estaba llevando a cabo en la zona. Más específicamente, en la vereda El Tandil del Municipio de Tumaco, en Nariño. 

Lo ocurrido ese día tenía antecedentes puntuales de tensión entre la Policía y los habitantes de El Tandil. Las comunidades venían oponiéndose a la estrategia de erradicación forzada, que dejaba a las familias sin el único sustento económico de la zona; estrategia que además, no estuvo acompañada de ningún proyecto destinado a mejorar la vida de las familias. 

Iniciando octubre del 2017, la Policía Antinarcóticos había violado la soberanía indígena al instalar un campamento sobre un resguardo de la zona, llamado Piedra Sellada. Por ello, el martes tres de octubre, cerca de 60 guardias indígenas fueron al lugar y pidieron hablar con los altos mandos para exigir su retiro del Resguardo. La respuesta de los oficiales fueron gases, bombas de aturdimiento y algunos tiros de fusil. Dos días después sucedió la masacre.

Ese día, según Elier Martínez, integrante de la Junta de Acción Comunal de El Tandil, los líderes indígenas quisieron intentar, una vez más, hacer valer su soberanía. Caminaron al lugar, y al llegar, se dieron cuenta de que en a la zona ya había cientos de campesinos manifestándose por la erradicación, formando un cerco humanitario en los cultivos de coca. Hasta que las balas de los policías acabaron con la vida de siete campesinos y dejaron 23 heridos. Los oficiales dispararon, según la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC–, contra todos los campesinos de manera indiscriminada. 

“Nos están matando”

De esta manera narró los hechos hace dos años Elier Martínez, integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda: 

“Muchos campesinos empezaron a llegar desde la mañana. Con otros 50 compañeros nos empezamos a desplazar hacia el lugar por una trocha. Llegamos al sitio y de repente se escucharon unos disparos en un lugar donde había campesinos insistiéndole a la Fuerza Pública que se saliera. Yo vi dos policías que se miraron el uno al otro. Cuando escuché los disparos me agaché y me quedé quieto. Empezaron a disparar, incluso a quemarropa. Yo seguí agachado porque pensé que no era a nosotros, hasta que vi que mis compañeros empezaron a correr y a gritar: nos están matando, nos están tirando. 

Salí corriendo y me caí. Detrás de un árbol había cinco compañeros, yo me hice detrás de ellos porque los disparos seguían. Luego salimos corriendo todos y llegamos a una casa. Se escuchaban las balas que silbaban por encima de nosotros. Uno de mis compañeros campesinos tenía una herida en el brazo. Y escuché a los otros que decían: regresemos, ¡regresemos que hay muertos y hay heridos! Tenía ganas de regresar, pero al escuchar las balas sentía impotencia de no poder sacar a nuestros campesinos para que no los siguieran matando. Ahora es como un trauma. Duermo muy poco. Me despierto y me traslado al lugar.  Le doy gracias a Dios por haber salido ileso. A veces me pongo llorar porque sigo sin entender por qué hicieron eso”.

Impunidad 

Dos años después, el proceso penal llevado a cabo contra los oficiales encargados del grupo de policías que atacó a los campesinos, se está complicando para las víctimas. Las indagaciones preliminares negaron la versión de la Policía, según la cual los oficiales dispararon para repeler un ataque de una disidencia de las FARC. Por ende, en la justicia ordinaria inició un proceso contra dos oficiales: el mayor Luis Fernando González y al capitán Javier Enrique Soto. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, lesiones personales y omisión. 

El primer revés que sufrieron las víctimas fue el nombramiento del fiscal, dado que se había encargado del caso a uno especializado en organizaciones criminales, y no uno especializado en derechos humanos -como lo pedían las víctimas-, para que se investigara correctamente este hecho que involucra a miembros de las Fuerzas Militares. 

Gracias a las peticiones realizadas por los representantes de las víctimas, se supo que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tumaco habría realizado una audiencia sin avisarle a los abogados de las víctimas, en la que decidió trasladar el caso a la justicia militar. Tal y como se lee en un documento firmado por Nelson Andrés Escobar, fiscal 102 especializado: “en el presente caso se dan los requisitos mínimos en cuantos a los hechos, sujetos, fuero, etc.; se ordena remitir las actuaciones para que sean de conocimiento de la Jurisdicción Penal Militar”. 

Mellinton Cortez fue otra de las víctimas. Durante la movilización, fue herido entre la nuca y el pecho con un perdigón disparado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, momentos antes de que sonaran las balas. La fotografía que acompaña este artículo se la tomaron a Mellinton después de la masacre, siendo socorrido por sus compañeros. 

Mellinton cuenta que del Estado no ha recibido ningún tipo de compensación o ayuda, ni siquiera para las atenciones médicas que ha debido pagar desde entonces por la herida que sufrió. Al contrario, afirma que la zona de El Tandil ha sido militarizada enormemente, y que aún no llegan los programas sociales a esta comunidad que no tiene luz eléctrica constante, ni educación, y cuya atención institucional más básica se encuentra más fácil en Ecuador que en la cabecera de Tumaco. Tampoco ha podido ser reconocido como víctima durante el proceso.

Según él, en el caso solo ha habido impunidad: “No entendemos por qué renunció el fiscal. Y el otro fiscal que llegó es peor, porque no sabe nada del caso. Tampoco entendemos por qué hicieron esa audiencia sin los representantes de las víctimas. El plan de ellos es dejar el caso en la Justicia Militar. Si eso pasa, habrá más impunidad. Lo que queremos es que digan la verdad, que haya justicia y que la Fiscalía rompa el silencio. También queremos que le pidan perdón a la comunidad”.