Por: Juan David Guerra
El informe ¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año del Gobierno Duque? , realizado por 22 congresistas (ninguno del Centro Democrático ni del Partido Conservador), con apoyo de Institute of Peace-United States, alerta por las demoras, dificultades, y el mediocre apoyo del Gobierno de Iván Duque a la implementación del Acuerdo de Paz.
La investigación se realizó a partir del análisis a diversos documentos públicos: sentencias de la Corte Constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y 2018-2022, el Presupuesto de la Nación, documentos del Gobierno, e informes de organismos que componen la Jurisdicción Especial para la Paz, como la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Además, los congresistas e investigadores visitaron 11 zonas PDET y espacios para la reincorporación (ETCR), donde escucharon las problemáticas de las comunidades y los excombatientes.
El Congreso no avanza en las normas y el Gobierno no dispone presupuesto
Las conclusiones del informe son críticas en cuanto al trabajo del Congreso y del Gobierno en torno a la paz. Al Congreso lo responsabiliza de no tramitar las normas necesarias para la implementación: «El 57% de las normas requeridas para la implementación del Acuerdo aún están pendientes de trámite en el Congreso de la República».
Al Gobierno, por su parte, lo responsabiliza por recortar el presupuesto de instituciones que son indispensables para la implementación del Acuerdo. «Según el proyecto de presupuesto 2020, la Agencia Nacional de Tierras sufriría una reducción del 19%, la Agencia para el Desarrollo Rural del 13%, la Agencia de Renovación Territorial del 10% y la Agencia para la Reincorporación y Normalización del 7%». Incluso, lo culpa de no disponer los recursos necesarios para los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
El Gobierno niega el conflicto
Un punto adicional de preocupación que expresa el informe, tiene que ver con la doble postura del Gobierno en cuanto al Proceso de Paz.«En el escenario internacional asegura su compromiso con el Acuerdo», expresa el informe, mientras en el país promociona reformas sustanciales y trabas legales al mismo, «como la objeción realizada a la Ley de la JEP». Además, «el Gobierno niega la existencia del conflicto armado, refiriéndose en cambio al problema como “condiciones de violencia y marginalidad”».
Después de analizar los pocos avances de cada punto del Acuerdo, el informe reitera la importancia de implementar las reformas necesarias, incluyendo ajustes institucionales, compromiso del Congreso, apoyo presupuestal, seguridad y presencia del Estado en las zonas más golpeadas por la violencia, la efectiva reincorporación de los excombatientes, y el reconocimiento de la existencia del conflicto armado. De lo contrario, se advierte, se pueden empezar a perder las históricas cifras de reducción de la violencia que trajo consigo el Proceso de Paz.
«Como lo ha señalado el Profesor John Paul Lederach del Instituto Kroc, el 50% de los países vuelven a la guerra durante los primeros 5 años después de la firma de un acuerdo de paz. En Colombia llevamos 2 años y medio desde la entrada en vigor del Acuerdo, y aunque en 2017 tuvimos la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, 2018 demostró que ese proceso era supremamente frágil y que la violencia podía recrudecerse en cualquier momento», afirma el documento.
