Por: Juliana Mesa
Imagen: Cortesía Bien Explicadito
La posible materialización de la propuesta sobre fumigaciones aéreas con glifosato que ha estado suspendida a raíz de las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015 (en donde se clasifica al glifosato como un posible agente cancerígeno), hizo que la Corte Constitucional ordenara la suspensión de las aspersiones aéreas basados en un principio de precaución, con el fin de salvaguardar la salud de los colombianos, porque, como afirma Eduardo Díaz, ex director de la agencia de sustitución de cultivos ilícitos: «el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos y no exponerlos».
Sin embargo, las afectaciones irían mucho más allá, según expresó Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz, en entrevista con Lluvia de Orión, los ecosistemas también estarían siendo amenazados, ya que las altas concentraciones que se utilizan para la aspersión, crearían desplazamiento en las poblaciones, disminuyendo la disponibilidad de alimento y contamina las aguas.
Guerra contra las drogas
Colombia ha estado en el panorama de la lucha contra las drogas y por ende en el ojo de Estados Unidos, con el fin de buscar una solución a esta problemática. Durante la década de los 90’s en la administración de Andrés Pastrana se llevó a cabo el acuerdo bilateral Plan Colombia, que tenía como uno de sus objetivos clave el control de drogas; una lucha que Estados Unidos libra desde 1961 cuando se firmó en Naciones Unidas la Convención Única sobre Estupefacientes y, posteriormente, se creó la DEA (Administración para el Control de las Drogas) durante la administración de Richard Nixon (Santos, 2019).
Desde entonces se han destinado grandes recursos financieros y humanos en esta tarea, pero los resultados finales terminan por postergarse. Juan Manuel Santos afirma en su libro La batalla por la paz que «hay que reconocer que esa guerra no la hemos ganado ni la estamos ganando», de hecho, se ha buscado darle otro enfoque a la problemática para intentar otras alternativas, la más sonada es tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública.
Expresidentes colombianos se han mostrado a favor de esta iniciativa, como Juan Manuel Santos y Cesar Gaviria, sin embargo, el actual presidente Iván Duque ha manifestado la necesidad de retornar a las aspersiones aéreas por considerarlo un problema de seguridad.
Durante la década de los 80’s la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC-EP incursionaron en el negocio de la droga, lo que ocasionó que las áreas donde cultivaban fueran zonas deforestadas ocasionando un impacto ambiental, que se intensificó con las aspersiones áreas para eliminar las hectáreas de droga que estaban siendo cultivadas, generando afectaciones en el suelo, el agua y hasta en los insectos.
Efectividad y costos de la aspersión
Eduardo Díaz, ex director de la agencia de sustitución de cultivos ilícitos, explicó que entre 2008, 2009 y 2017 se han fumigado 1’600.000 hectáreas de coca y eso no ha significado la eliminación de los cultivos, además porque como él mismo lo expresó, los cultivos se han trasladado a zonas donde no se puede fumigar (Parques Naturales y Reservas indígenas), pero también el fenómeno de la resiembra convierte la aspersión en un instrumento ineficaz a esta problemática.
Además, los altos costos que representa la fumigación con glifosato, demuestran una importante falencia en la lucha contra las drogas. Daniel Mejía, quien fue el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), se ha encargado de estudiar el fenómeno y afirma que se necesitan 2.600 dólares para fumigar una hectárea, pero para eliminar esa hectárea se deben fumigar 30, lo que equivale a una inversión de más de 70 mil dólares.
Los resultados dependen de diferentes variables como: el aire, la topografía, la altura, casi que las aspersiones aéreas se convierten en una lotería a la que Díaz determinó un «bombardeo indiscriminado, porque las poblaciones no saben que los van a fumigar y los fumigadores no saben dónde va a caer», de manera que las declaraciones de Duque en las que hace referencia a «la utilización de técnicas de aspersión con precisión», serían afirmaciones que carecen de fundamento.
Durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2007-2010), Colombia enfrentó una demanda de Ecuador ante La Haya por realizar aspersiones con glifosato cerca de la frontera que estaban afectando al país vecino, aun cuando las fumigaciones no se estaban haciendo en el territorio ecuatoriano, Colombia debió compensar económicamente el daño ocasionado y toda actividad que realizara con el químico debía conservar una distancia de 10 kilómetros con la frontera, esto a raíz de las variables que implica las fumigaciones aéreas, porque no se puede controlar a qué lugares llegará la sustancia.
Alternativas
El Informe Ejecutivo Consolidado N. 16 publicado el 15 de febrero del 2019, en el cual monitorean los resultados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, dio como resultado 34.767 hectáreas erradicadas de forma voluntaria y asistida, de las cuales el 0,6% presentaron resiembra o rebrote, a diferencia de la erradicación forzosa que presenta el 40% de resiembra.
Este programa tiene como objetivo ofrecer oportunidades de desarrollo socio-económico en las comunidades que acuden a la siembra de cultivos ilícitos para el sostenimiento de sus familias, por eso insiste Eduardo Díaz en que la solución del problema de las drogas parte de la cooperación y no de la confrontación, como lo sustentan los índices de resultados entregados por la ONU.
Pero según afirma Camilo González, presidente de Indepaz, el programa no cuenta con los recursos necesarios para su continuación, por lo que las familias que se acogieron a él «se quedaron esperando, los planes productivos, la entrega de tierras y la asistencia técnica».
Para González, la respuesta radica en la presión extranjera para la erradicación de cultivos con la técnica de la aspersión, aun cuando está demostrado que no es eficaz para este fin, porque no es solo eliminar la mata, es hacer que no la vuelvan a sembrar.
Es así como la Fundación Ideas para la Paz (FIP) identificó ocho problemas que enfrenta este programa que parten de la financiación, el rezago en el cumplimiento de los componentes del programa, la lentitud e intermitencia de la asistencia técnica, el riesgo de la resiembra y el deterioro de la seguridad.
El error del glifosato
Las implicaciones socio-ambientales que traería el uso del glifosato como alternativa para combatir el incremento de los cultivos ilícitos en el país, ha significado que esta propuesta se interprete como una no aceptación del Acuerdo de Paz regresando al pasado con la aspersión aérea, dejando de lado el programa que se creó basado en el punto número 4 de las negociaciones de La Habana, y la aspersión no garantiza la eliminación de los cultivos, porque como dijo González «no es cierto que siempre que se ha fumigado han disminuido las hectáreas».
Controlar el aumento del cultivo de drogas requiere de alternativas que no se conviertan en una confrontación con la población y que no afecten los ecosistemas, porque se necesitan soluciones: no amplificar los problemas. Tratar esta situación desde los derechos humanos y la salud pública ha demostrado que le daría un giro a un panorama que lleva décadas en discusión, pero necesita ser sostenible para continuar dando resultados.
