Por: Carlos Flórez
El 17 y 18 de julio de 2019, en el Palacio de Justicia de Medellín, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó una audiencia pública de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en respuesta a la solicitud por parte de dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y de siete familiares de desaparecidos en el contexto del conflicto armado, en la que clamaron por medidas cautelares anticipadas a dieciséis (16) lugares del país, en los que se incluyen La Escombrera y La Arenera de la Comuna 13, tristemente célebres por supuestamente contener los cuerpos inhumados de personas dadas por desaparecidas a raíz de las operaciones Mariscal y Orión en 2002.
De hecho, Andrés Pastrana autorizó al comandante de la IV Brigada del Ejército, el general Mario Montoya, la realización de la Operación Mariscal, mientras que Álvaro Uribe hizo lo mismo con la Operación Orión. En la actualidad Montoya está siendo investigado por la Fiscalía por la presunta violación de derechos humanos en la Operación Orión y por los conocidos «falsos positivos». Hace meses que este militar se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Las víctimas solicitaron el 30 de agosto de 2018 la preservación de estos lugares para garantizar la búsqueda, hallazgo e identificación de los cuerpos de los desaparecidos, pero en donde todavía se están arrojando escombros, extrayendo material —incluso tras adjudicación y prórroga de títulos mineros— y construyendo obras de infraestructura —en los que podrían estar involucrados proyectos de vivienda de interés social—, lo que ha modificado notablemente el terreno y que claramente significa una amenaza para la verdad y reparación integral de las víctimas.
El 14 de septiembre de 2018 el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, mediante Auto 001, resolvió a favor de los solicitantes iniciar el proceso y derivó la solicitud a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a la Fiscalía, al Ministerio del Interior, a los Tribunales de Justicia y Paz, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctima, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería de Medellín, con el propósito de recabar la mayor información posible que pueda dar certezas sobre la ubicación de los restos y de los riegos naturales o por acción humana para hallarlos.
Cerca de cumplirse un año de la solicitud y del plazo para dar respuesta, la JEP convocó a una audiencia pública a través del Auto 012 del 7 de junio de 2019, en el que se relacionan las instituciones y organizaciones sociales y de víctimas que han contribuido a dar información, y aquellas instituciones que a la fecha no daban respuesta satisfactoria al Auto 001 de septiembre de 2018, con el propósito de sistematizar los lugares de inhumación no reportados o inventariados.
También relacionar otros posibles lugares a través de documentos y testimonios, conocer las coordenadas y la descripción geográfica de los sitios, y escuchar la rendición de cuentas sobre las acciones de las instituciones del Estado para garantizar el derecho de las víctimas de desaparición y establecer si las medidas han sido diligentes, rigurosas, adecuadas y suficientes.
La audiencia se enfocó especialmente en las víctimas y sus familiares, en donde se homenajeó a las víctimas y se leyeron sus nombres. Los familiares tuvieron la oportunidad de escuchar en un mismo espacio los informes de las instituciones del Estado involucrados de una u otra manera en el proceso, tales como el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Personería de Medellín, la Gobernación de Antioquía, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Medellín, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otros. En la audiencia resaltó la presencia de la organización Mujeres Caminando por la Verdad, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y Équitas, los cuales pudieron intervenir, solicitar aclaraciones y confrontar a las instituciones.
Para Max Yuri Gil Ramírez, coordinador de unidad regional de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, «las señoras estaban conmovidas, agradecidas, entre la tristeza y la felicidad. La tristeza de ver la desidia institucional durante tantos años, pero también la alegría y la esperanza de que ahora haya una posibilidad de conocer la suerte de sus seres desaparecidos».
Añade que se trata de un triunfo de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos que han acompañado durante tantos años a este grupo poblacional, para que puedan recibir la atención que se merecen. Y que no solamente sean escuchadas las víctimas, sino también exigirle cuentas a la institucionalidad.
El largo camino de buscar la verdad
Tras las operaciones Mariscal y Orión en 2002 se comenzaron a difundir rumores de que en las zonas de La Arenera y La Escombrera se encontraban los restos inhumados de personas dadas por desaparecidas.
Pero era algo más una suposición, teniendo en cuenta los antecedentes de desaparición documentados desde 1998, pero que se pueden remontar a mucho antes, coincidiendo con las prácticas de las milicias urbanas en la Comuna 13 —vinculadas a las guerrillas— y de los comandos de autodefensas que se disputaron el territorio, estos últimos en contubernio con la Fuerza Pública. Así quedó registrado en los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo, La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13; Medellín: memorias de una guerra urbana y Desaparición forzada. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico.
Las víctimas han insistido desde el principio que el área de influencia de La Escombrera y La Arenera es el lugar más probable para hallar a sus seres queridos, pero sus clamores fueron ignorados, comenzando esta larga etapa de revictimización. No obstante, se tomó en serio a los familiares y se iniciaron las investigaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz, solo cuando el ex jefe paramilitar del Bloque Cacique Nutibara, Diego Fernando Murillo, alias «Don Berna», reconoció en versión libre de 2007 su responsabilidad en la desaparición forzada de «miembros y colaboradores» de las milicias guerrilleras durante la acción conjunta que sus mercenarios realizaron con la Fuerza Pública en la Operación Orión —lo que luego reiteró ante el Tribunal Federal de Nueva York en 2009—.
El testimonio del exparamilitar Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias «Móvil 8», también fue tomado en cuenta por el Tribunal Superior de Medellín para dictar sentencia contra el Bloque Cacique Nutibara en 2013, en el que reconoce su participación en la desaparición forzada y ha señalado en varias oportunidades que fue uno de los guías de la Fuerza pública en la Operación Orión. De hecho, ese mismo año el Tribunal ordenó a la Alcaldía de Medellín proteger el área de La Escombrera, por lo que se requirió a Móvil 8 en 2014 por parte de la Fiscalía para señalar los lugares en los que fueron enterradas las víctimas.
Adriana González Gil, docente e investigadora del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad de Antioquia, apunta que durante la administración de Alonso Salazar un equipo técnico internacional presentó un informe técnico en 2010 para determinar la viabilidad de excavar en La Escombrera, pero que llegó tardíamente, ya que los clamores iniciales eran, al menos, que no se siguiera arrojando escombros en una zona que seguía creciendo y que obviamente significaba el aumento de las dificultades para encontrar los restos inhumados allí. Lo que se pudo determinar fueron las enormes restricciones económicas y logísticas para intervenir el terreno.
Lo anterior derivó en la delimitación de tres polígonos por parte de la Fiscalía y en las excavaciones judiciales realizadas entre agosto y diciembre de 2015, en las que todavía no se han hallado restos humanos. Esto exacerbó a los familiares de las víctimas, las cuales habían tenido que soportar retrasos en las diligencias, pero también la lentitud de las excavaciones, como lo sostuvo el magistrado Rubén Darío Pinilla, del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín en la audiencia de la JEP. Fue precisamente por la inminente suspensión de las excavaciones en 2018 que las víctimas de los desaparecidos interpusieron la solicitud de medidas cautelares.
Pese a esto, las demandas continuaron sobre la detención del depósito de escombros y de la coordinación interinstitucional para llevar a cabo la tarea de encontrar a los desaparecidos. Pero fue solo hasta la sentencia en el marco de Justicia y Paz que profirió el magistrado Rubén Darío Pinilla en 2013 que se obligó a la Alcaldía de Medellín a tomar medidas en esa dirección.
Una conquista de Mujeres Caminando por la Verdad
Adriana González señala que un momento sumamente significativo para el proceso de los desaparecidos es la creación de la organización de Mujeres Caminando por la Verdad, una organización emblemática en la búsqueda de personas desaparecidas, así cómo en la demanda de atención sobre La Escombrera. Además, es de resaltar que hayan sido galardonadas en 2015 con el Premio Nacional a la Defensa de Derechos Humanos Colombia en la categoría «Experiencia colectiva del año», lo que permitió mostrarle al país y a la comunidad internacional la persistencia de la acción organizativa de mujeres en búsqueda de sus familiares.
Precisamente ese año se iniciaron las excavaciones, lo que sirvió de plataforma para la conformación de una red de organizaciones de derechos humanos y organizaciones comunitarias que han buscado desde siempre ser escuchadas. Es una manera de entender que las decisiones tomadas por las instituciones son fruto de una larga historia de luchas, reivindicaciones, organización y denuncia, resalta Adriana González.
Es así que la audiencia de la JEP se puede leer como una oportunidad política extraordinaria. Según Max Yuri Gil, «El hecho de que en Colombia hayan cerca de 86 mil víctimas, según el último informe consolidado del Centro Nacional de Memoria Histórica, que la Comisión de la Verdad esté trabajando en el tema de la desaparición forzada, que la JEP esté actuando en este caso es una señal a las víctimas de que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición está comprometido con el esclarecimiento de lo que ha pasado con una de las peores modalidades de victimización que se han presentado en el conflicto armado en Colombia».
Las revelaciones e implicaciones de la audiencia
Durante la audiencia de la JEP fue evidente el poco avance en los resultados de las investigaciones, la falta de voluntad institucional y la casi nula coordinación interinstitucional.
Para Max Yuri Gil, las principales dificultades que han tenido las víctimas tienen que ver con la indolencia de la sociedad, eso ha sido una lucha en la que no ha habido interés ni respaldo de parte de sectores mayoritarios de la sociedad y así como de medios de comunicación, una lucha desarrollada en el anonimato, en el miedo, en la estigmatización.
La otra tiene que ver con la sordera y la indolencia institucional. Una de las conclusiones más inquietantes de la audiencia es que hoy, diecisiete años después del periodo fuerte de desapariciones forzadas, prácticamente hay muy poco avance institucional, ni siquiera hay un censo de las víctimas, los esfuerzos han sido intermitentes, sin mayor continuidad y la respuesta institucional es muy pobre frente a este caso tan grave.
Desde las primeras horas del miércoles 17 de julio los designados por las instituciones comparecientes manifestaron su falta de competencia en los procesos de búsqueda y hallazgo de los desaparecidos, y argumentaron constantemente que no existían órdenes expresas de ninguna autoridad que los conminaran a iniciar o continuar diligencias. Situación parecida ocurrió cuando se les cuestionaba sobre el envío de nueva información solicitada por la JEP acerca de los casos de desaparición forzada en Medellín. En resumen, recurrían constantemente al argumento de la «estricta competencia» y su restricción a la verificación técnica.
Por ejemplo, pese al fallo del Tribunal de Justicia y Paz de 2013 que ordena a la Alcaldía proteger el área de La Escombrera y reparar simbólicamente a las víctimas, su labor parece haberse condicionado a la infructuosa excavación de 2015. Si bien se entienden los límites a ciertas competencias, la falta de voluntad se hace evidente al no poder coordinar, ni siquiera, la lista de desaparecidos con la Fiscalía, ni qué decir de los indicadores de la intervención al Cementerio Universal, en dónde se encuentran cientos de cuerpos sin identificar que se remontan a las décadas de 1990 y 2000, años de la más dura violencia en Medellín y los cuales produjeron las cifras más altas de desaparecidos.
Solo como un repaso, es ya sabido que durante los años de mayor enfrentamiento entre las milicias guerrilleras y los paramilitares en la Comuna 13, Luis Pérez fue el alcalde de Medellín, de hecho, siempre ha defendido la intervención de la Fuerza Pública y nunca manifestó sus reservas frente a las irregularidades de las operaciones Mariscal y Orión, y durante su actual gobernación de Antioquia ha negado la existencia de tales desapariciones.
Curiosamente, durante la alcaldía de Sergio Fajardo no se registra ningún programa en favor de los desaparecidos y sus familiares. No obstante, en la administración de Alonso Salazar se comenzaron a recolectar las denuncias de desaparición forzada con el programa Volver a Nombrarte y durante la administración de Aníbal Gaviria se realizaron las primeras excavaciones en La Escombrera.
Casualmente, es durante la administración de Federico Gutiérrez que se aminoró la voluntad política de la Alcaldía y en la cual se ha utilizado sistemáticamente el argumento de la falta de competencia, aduciendo que es la Fiscalía la conminada por el Tribunal de Justicia y Paz, cuestión que se hizo evidente en las múltiples intervenciones ante la JEP.
Precisamente es allí donde se debería reflejar la voluntad política de una Alcaldía que se comprometió con las víctimas a la segunda fase de las excavaciones y lograr coordinar con las diferentes instituciones para que ese objetivo se logre. De hecho, la Fiscalía adujo la suspensión de los fondos para las excavaciones por parte de la Alcaldía, dados los nulos resultados, aunque esta última dejó claro en la audiencia la existencia del Plan Integral de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual no se limita a la Comuna 13, sino que abarca todo el municipio, a pesar de sus reservas por la falta de datos consolidados de desaparecidos.
Pero lo realmente cuestionable se reveló en medio de la audiencia, cuando María Victoria Fallón Morales, abogada del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), llamó la atención sobre un informe de una investigación encomendada por Metroseguridad a la Universidad de Antioquia en 2010 y que fue engavetada. Este informe parece contener información detallada sobre móviles, prácticas, cifras y ubicación de desaparecidos que pudieron haberse consolidado con las organizaciones de víctimas, con la Fiscalía, con la UBPD y demás instituciones, y así haber activado el Plan Integral de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la actual administración, lo que haría totalmente inocuo el argumento de la ausencia de datos certeros.
Pero es bueno señalar que para la época de tal informe el responsable de la decisión de engavetarlo fue Alonso Salazar, lo que no excusa del todo a Federico Gutiérrez por su falta de coordinación interinstitucional.
Como si no fuera poco, Mujeres Caminando por la Verdad señaló que en la zona se está llevando a cabo la construcción de proyectos de infraestructura que parecen estar destinados a viviendas de interés social, lo que claramente compete a la Alcaldía y significaría la violación de una ordenanza para proteger la zona en donde se encontrarían las víctimas. No obstante, los funcionarios manifestaron no tener información al respecto.
Por otra parte, incluso los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría y de la Personería señalaron en sus informes a la JEP que existían serías irregularidades en los procesos de verdad, justicia y reparación por parte de la Gobernación, la Alcaldía y la Fiscalía, pero que estaban limitados por sus competencias. Aunque, cuando el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez preguntó si tales instituciones habían iniciado un proceso al respecto o habían compulsado copias a las autoridades competentes, estos respondieron negativamente. Una vez más, en algunos casos parece tratarse más de un asunto de voluntad política más que de competencias, en un intento por no generar un choque institucional, eso sin tener en cuenta los otros casos que ya rayan en la responsabilidad administrativa sino judicial.
Otro de los asuntos que generó preocupación sucedió el segundo día de la audiencia, en una de las intervenciones sobre el Cementerio Universal. Precisamente, la organización Équitas señaló con anterioridad las irregularidades en el registro de los desaparecidos de la Alcaldía y la Fiscalía, y en el registro de personas sin identificar en el Cementerio Universal. De manera sorpresiva, Nancy Posada, fiscal 114 especializada de apoyo al despacho cuarto de Justicia y Paz, admitió que tres de los cinco cuerpos exhumados en 2003 que provenían de la Comuna 13 desaparecieron del Universal, así como las muestras de tejido de los cinco cuerpos que se encontraban en custodia de Medicina Legal.
Las implicaciones de esto son descomunales. Las más obvias son las responsabilidades administrativas y judiciales de las instituciones y funcionarios que puedan estar involucrados en la desaparición de los cuerpos y de las muestras de tejido, por lo que, más allá de una enorme negligencia, parece ser una acción criminal o saboteos coordinados para evitar que se conozca la verdad. Por otra parte, y lo que más interesa a los familiares de las víctimas, es que la oportuna identificación de estos cadáveres pudo haber dado el sustento a sus alegatos, haberles dado soporte a sus denuncias y haber forzado el apoyo institucional oportuno en lugar de la desestimación.
La última revelación que generó preocupación vino después del señalamiento de Mujeres Caminando por la Verdad y las demás organizaciones, en el que afirmaron la continuidad de la actividad extractiva en La Escombrera y La Arenera, lo que implica una violación a la orden de protección de la zona. Esto fue confirmado en la exposición de los estudios topográficos por parte de los funcionarios de la Fiscalía, en la que se evidenciaba el cambio dramático en las condiciones del terreno. Ciertas zonas boscosas pasaron a ser de excavación y desprovistas totalmente de vegetación; asimismo, los demás sitios destinados para escombros muestran un aumento en su volumen. Por estos motivos, la Fiscalía solicitó aumentar los perímetros y añadir otro polígono.
Ante el cuestionamiento de los magistrados a la Alcaldía y a la Gobernación las respuestas sumarias fueron, como ya se señaló, que se limitaban a lo que indicaban sus «estrictas competencias» y a la revisión técnica, ya que no existía orden expresa de las autoridades competentes para evitar esas actividades. En un momento concreto, el magistrado Salazar le replicó a un funcionario de la Secretaría de Minas de Antioquia que, en efecto, en un Estado social de derecho como el colombiano prevalece lo indicado por la Constitución Política, la cual indica que obras como estas deben pasar por revisión constitucional y de afectación de derechos, en este caso de las víctimas y familiares. Al final, los funcionarios se restringieron a señalar que no tenían información precisa sobre los títulos mineros.
En lo que incumbe a las medidas de reparación simbólica, Mujeres Caminando por la Verdad resaltaron la cuestión de una casa de la Comuna 13 que sirvió como centro de operaciones de los paramilitares en 2002 y que se presume sirvió de punto clave para la retención, tortura, asesinato y desaparición. En intervención complementada por Pablo Montoya, escritor y docente de la Universidad de Antioquia que estaba acompañando a las víctimas, señaló que esta casa está prevista para su demolición, a pesar de encontrarse en buen estado y que puede servir como sede para las organizaciones de víctimas y como centro de memoria sobre lo sucedido en la Comuna 13.
Lo que se viene
Finalmente, los magistrados no decidieron tomar medidas cautelares y determinaron que la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación ajustara los informes a la nueva información presentada en la audiencia.
De hecho, le ordenó a la Alcaldía de Medellín entregar el informe Investigación preliminar de la desaparición forzada en la comuna 13 de Medellín que fue engavetado en 2010 y entregarlo en un plazo de tres días hábiles. Por su parte, se le ordenó a la Gobernación de Antioquia presentar los informes de fiscalización minera en las zonas de La Arenera y La Escombrera en un plazo de diez días y un plan de memoria para honrar a las víctimas en un plazo de treinta días. Por último, se le ordenó a la Fiscalía ampliar el informe de acuerdo con la nueva información, lo que incluye la consolidación de las cifras de desaparecidos, en un plazo de diez días y presentar un documento con una propuesta de exploración en un plazo de dos meses.
De acuerdo con Max Yuri Gil, «lo que viene es que la JEP evalúe los informes presentados y con base en ellos otorgue las medidas cautelares para evitar que el terreno se siga alterando y que más adelante la JEP contribuya a esclarecer la verdad de lo que pasó con los desaparecidos y el establecimiento de responsabilidades de quienes determinaron las desapariciones forzadas, tanto integrantes de la Fuerza Pública como grupos ilegales insurgentes y paramilitares». Señala que la JEP puede establecer responsabilidades individuales, así como colectivas e institucionales.
No obstante, Adriana González deja en claro que la intervención de la JEP, como en su momento se hizo por la vía de Justicia y Paz, puede contribuir a atender a esas víctimas y a orientar acciones que ese Estado, en distintas instancias —nacional, regional y local—. Deberían haber adoptado medidas y no lo hicieron. Pero si bien hay responsabilidades por acción y omisión, es importante que, en este marco de contexto transicional, más allá de los juicios a responsables de acciones victimizantes, se trate fundamentalmente de recuperar y esclarecer la verdad para las víctimas y abrir un espacio que permita a las víctimas resarcir parcialmente su dolor.
