Por: Redacción Lluvia de Orión
Para la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, el medio ambiente es un patrimonio común de los colombianos, que debe protegerse en su diversidad e integridad y urge implementar para mitigar, compensar y prevenir afectaciones sobre los ecosistemas nacionales.
«Teniendo en cuenta que con ocasión del conflicto armado colombiano se adelantaron múltiples acciones, que, de manera intencional, accidental o negligente, ocasionaron daños y alteraciones sobre los ciclos naturales de los ecosistemas, con efectos temporales o permanentes, la UIA en cabeza de su director, Giovanni Álvarez Santoyo, ha venido desarrollando diferentes acciones, a través de su Grupo de Apoyo Técnico Forense, dirigidas a proteger el medio ambiente», dice en un documento de la Unidad.
Describe que para ello ha puesto de manifiesto la alarmante pérdida de bosques y la dinámica de cultivos de uso ilícito en el marco del caso 002, que abrió la Jurisdicción Especial para la Paz y con el que se priorizó la situación de los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte en Nariño, mediante el análisis de la información del IDEAM sobre deforestación comprendida entre 1990 y 2017, utilizando técnicas de análisis y geoprocesamiento de dichos insumos.
Los fiscales han venido realizando acercamientos y sesiones de entendimiento e intercambio de información con diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental -SINA-, así como con organizaciones de diversos sectores económicos, «con el fin de recaudar la información necesaria para adelantar y evidenciar las diferentes afectaciones sobre el medio ambiente, producto del conflicto armado».
Entre las entidades con las que se han sostenido reuniones se destacan el IDEAM, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, el Instituto Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -Sinchi-, el Instituto de Investigaciones del Pacífico -IIAP-, la Organización de las Naciones Unidas y Ecopetrol.
«La Unidad de Investigación y Acusación está comprometida con el reconocimiento del ambiente como víctima silenciosa del conflicto y con la búsqueda de mecanismos para su reparación efectiva, propendiendo por garantizar la no repetición», afirmó el director de la Unidad, Giovanni Álvarez Santoyo.
Debido a la crisis ambiental que hoy se vive en todo el planeta, causada principalmente por un modelo económico excluyente e insostenible basado en el carbono, viene creciendo la conciencia colectiva sobre la importancia del medio natural para la calidad de vida y el bienestar de la población de hoy y del futuro, y la importancia de preservarlo, cuidarlo y restaurarlo. Contar con un medio ambiente sano tiene hoy en día un alto valor en las prioridades sociales.
La Asamblea General de la ONU, mediante Resolución 47/37 del 1993 se refirió a la protección del ambiente en tiempos de conflicto armado, al reconocer «que ciertos medios y métodos bélicos pueden surtir efectos desastrosos sobre el medio ambiente».
El documento expresa su preocupación por los daños al ambiente y al agotamiento de recursos naturales, incluida la destrucción de pozos y el vertimiento de petróleo al mar. Señala que el derecho internacional prohíbe estos actos y, que por tanto, tales disposiciones deben ser ampliamente difundidas. Recuerda la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), en especial su principio 24 que señala que «La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario».
En Colombia el medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad han estado siempre en punto de mira por los actores armados y las actividades industriales y económicas basadas en modelos extractivitas.
La minería ilegal, los monocultivos ilícitos de coca, la explosión de oleoductos que derraman crudo en nuestros ríos, la ganadería extensiva y la tala de los bosques endémicos son algunos de los fenómenos que generan gran impacto en nuestros recursos naturales y amenazan la biodiversidad.
Aún después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, el medio ambiente y algunas reservas protegidas continúan amenazadas.
No se tienen suficientes estudios y registros que midan el impacto de la guerra en Colombia sobre el medio ambiente. Aún hoy nos preguntamos: ¿Se puede calcular ese daño? ¿Cuántos bosques han sido arrasados por cuenta de la minería y la siembra de cultivos ilícitos? ¿Qué extensión de suelo dejó de ser productivo? ¿Cuántos ríos han sido envenenados con el derrame de petróleo y al mercurio de la minería de oro? ¿Cómo han impactado estos daños en las diferentes especies? ¿Cuántos días han tenido que sobrevivir sin agua y sin alimento las comunidades afectadas?
¿Qué de esta información relevante podrá brindarnos la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP? ¿Cómo deberán pagar algunos de sus responsables? En Colombia se esperan los resultados.
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