Por: Juliana Mesa
Fotografía: César David Martínez
El segundo país más biodiverso del mundo en el que más del 50% de su territorio es selva y bosques nativos, está siendo cada día más vulnerado en una lucha que se disputan la ganadería, los cultivos de coca, la extracción de madera, la minería y la infraestructura vial.
En el 2016, cuando por fin se firmaba el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc-EP, se logró desmovilizar a la guerrilla más antigua del mundo, haciendo que éstos abandonaran la lucha armada saliendo de los territorios que fueron escenarios del conflicto e ingresando a las zonas veredales.
Este fue un acontecimiento con el cual se cerraba un capítulo de más de medio siglo de conflicto interno, pero, paradójicamente, hizo a su vez vulnerables los territorios sobre los cuales impartían su mando.
Departamentos como Guaviare, Caquetá y Guanía, donde sus territorios pertenecen en su totalidad a la Amazonía, fueron también escenarios históricos del conflicto en donde operaban las Farc-EP, lo que hizo impensable en su momento ingresar a estos lugares con proyectos de empresas para la extracción minera, maderera o incluso la construcción de vías, por eso la misma guerrilla fue quien realizó vías terciarías en esos departamentos.
Al estar estas zonas bajo el mando de las Farc-EP y en busca de garantizarles una mejor posición en el campo de batalla, ellos hicieron de los bosques y la selva un refugio estratégico, por eso impartían manuales a las comunidades sobre lo que no debían hacer y las respectivas sanciones que tendrían si afectaban el ecosistema, porque eso los hacía un blanco fácil. Esto permitió que durante mucho tiempo algunos territorios sobre los cuales la guerrilla se movilizaba no estuvieran bajo el ojo de la ganadería, pero otros sí fueron escenarios de la deforestación para la siembra de coca por parte de las Farc-EP.
El ecosidio que Colombia está viviendo ha hecho tomar medidas legales importantes que representan un hito para el país, pero que tampoco generan el impacto que deberían. La Amazonía colombiana que comprende los territorios del Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guanía, Putumayo, Meta, Vaupés, y algunas partes del Vichada, Cauca y Nariño, cuenta con una extensión de 483.164 km2, incluyendo el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete que tiene 4’268.095 hectáreas, lo que lo hacen el área más grande protegida en Colombia, declarada por la Unesco como Patrimonio Mixto de la Humanidad en 2018. Sin embargo, esto no ha frenado la deforestación.
Entre 2016 y 2017 fueron deforestadas 219.973 hectáreas de bosque en el país, y la Amazonía sufrió el 65% de esa deforestación nacional. Durante el 2017 esta problemática se incrementó en un 23% a causa de la expansión ganadera, la extracción de madera y la siembra de coca.
Además de la declaración de la Unesco sobre el Chiribiquete, la Corte Constitucional reconoció a la Amazonía como «sujeto de derechos», igual que el río Atrato, por lo que el Estado y las entidades territoriales deben velar por su conservación, mantenimiento y reparación (El Tiempo, Declaran la Amazonia sujeto de derechos para atacar la deforestación).
Sin embargo, el aumento de la deforestación y las pocas o nulas medidas que se toman para frenar esta situación no son efectivas, en la investigación que hizo la Revista Semana sobre la deforestación en el Chiribiquete: ¡Chiribiquete bajo fuego!, encontraron que este parque tiende a verse más amenazado gracias a su ubicación geográfica que lo conecta con diferentes regiones al interior y con otros países.
La amenaza de la deforestación es más que latente cuando diariamente se deforestan 137 hectáreas para el cultivo de coca. Se muestra preocupante cuando en aras del desarrollo se busque atravesar un Parque Natural con una carretera bajo la consigna de unir tres países, como lo piensan hacer con la troncal Marginal de la Selva, pero se hace más preocupante cuando se muestran aumentos del 40% en el número de predios para la ganadería en Caquetá y Guaviare, lo que representa la principal amenaza para la región, como lo afirma Julia Miranda directora de Parques Nacionales Naturales.
Actualmente Colombia tiene destinadas 14 millones de hectáreas para la ganadería, cuando en realidad solo 2,7 millones son territorios aptos para esta actividad, sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Iván Duque, hablan de aumentar de 72 mil hectáreas a 142 mil para lo que él llama «ganadería sostenible».
Incluso buscan estabilizar la deforestación en el país en 219.780 hectáreas por año lo que hará que en cuatro años se pierdan 900.000 hectáreas de bosque.
Colombia tiene la oportunidad de hacer una transición satisfactoria en el post-conflicto, una en la que se demuestren las posibilidades que como país se tienen en todos los ámbitos para el beneficio de los colombianos. Sin embargo, este episodio se muestra como el aprovechamiento de los territorios a los que antes no se tenía acceso para el beneficio individual, pero vuelve a dejar en evidencia la fragilidad de la institucionalidad cuando grupos delincuenciales buscan quedarse también con una porción de éstos.
La tierra siempre ha sido epicentro de conflictos en todo el mundo, de hecho, fue justamente esa la que propició el inicio del conflicto interno colombiano. Eso debería ser motivo para que la transición que está sucediendo no vulnere otra vez los derechos de nadie. Debemos trabajar para disminuir a cero la tala de árboles y evitar la vulneración de los bosques con la siembra de coca y la expansión de la ganadería.
No solo se trata de ganar la guerra: si perdemos los bosques estaremos verdaderamente perdidos.
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