Santurbán, entre el agua y la minería

El municipio de California donde estará ubicada la mina de Minesa, tiene su economía basada en la pequeña minería, por eso algunos de sus habitantes sienten amenazados sus ingresos por los movimientos sociales que buscan la protección del páramo y sus fuentes hídricas. Es un gran debate político, económico, social y ambiental.

Fotografía: Fernando Salazar.

Por: Juliana Mesa para Lluvia de Orión

 

El Páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, cuenta con una riqueza en su subsuelo que despierta diferentes intereses en las personas; están quienes buscan proteger el agua de la que se benefician, mientras que otros pretenden la extracción minera al interior de este ecosistema.

Son varios los lugares que se han convertido en centro de las discusiones por tener la puerta abierta para una posible extracción minera, esto ha ocasionado que la ciudadanía se movilice en contra de estos proyectos abogando por la protección del medio ambiente.

Entre ellos está: el Páramo de Santurbán en los santanderes, el Valle del Cocora en el Quindío y la vereda Quebradona en el municipio de Jericó, Antioquia; mientras grupos de ciudadanos se ponen, las multinacionales insisten en conseguir las licencias ambientales para la explotación de los minerales que en ellos se encuentran.

 

Santurbán en el ojo de la minería

Desde hace varios años Santurbán ha estado en la mira por parte de multinacionales mineras que quieren extraer los minerales que se hallan en el subsuelo del páramo, a raíz de esto, se realizó una delimitación en 2014, buscando definir qué área se debe considerar páramo y por lo tanto exenta de actividades mineras.

Así nació la resolución 2090 del 2014, en la que a través de un croquis que entregó el Instituto Humbolt al Ministerio de Ambiente, se trazó la línea que delimita el páramo. Con esta decisión y con la sentencia 035 del 2016 en la que dice: no se puede entregar licencia dentro de páramos, se prohíbe la extracción minera al interior de la línea que se fijó en dicha resolución.

Esto obligó a la Multinacional canadiense Eco Gold a retirarse del territorio sin poder realizar el proyecto Angostura, puesto que sus proyectos mineros estaban dentro de la línea que se había trazado en la resolución 2090.

Pero Eco Gold no fue la única empresa con intenciones en realizar exploraciones mineras en Santurbán. En agosto de 2017 la multinacional árabe Minesa presentó ante la ANLA una solicitud para llevar a cabo el proyecto Soto Norte, sin embargo, en marzo del 2018 retiró la solicitud argumentando falta de documentos sobre el Estudio del Impacto Ambiental (EIA), pero en enero del 2019 enviaron de nuevo la solicitud para obtener la licencia.

 

Minesa, 25 años de minería

La nueva propuesta minera que llegó a Santurbán pretende realizar la mina subterránea más grande de Colombia, y por 25 años extraer minerales de la montaña, durante los cuales se extraerían 67 millones de toneladas de tierra.

Para lograrlo se utilizarían 35.500 toneladas de explosivos, es decir, 1.420 al año durante todo el tiempo que dure el proyecto para extraer 9 millones de onzas de oro y otros metales.

El proyecto de Minesa no está dentro de la línea de la resolución 2090, sino sobre el bosque altoandino que no está protegido, por eso el Comité Santurbán demandó la resolución alegando falta de participación con las comunidades. Así fue como la Corte Constitucional reversó en noviembre del 2017 la delimitación inicial, además, los demandantes esperan que la nueva línea proteja el páramo, el subpáramo y el bosque altoandino.

Según comentó en entrevista con Lluvia de Orión el asesor jurídico del Comité, Hernán Morantes, la nueva delimitación no puede ser menor a la que se señaló la última vez, por lo cual esperan que esa nueva línea impida que Minesa pueda realizar el proyecto Soto Norte, y como en el caso de EcoGold, deba salir del territorio.

 

Soto Norte: La mina subterránea más grande de Colombia

El proyecto de Minesa ha estado bajo la mira por las implicaciones socioambientales que tendría. Mayerly López, miembro del Comité para la protección de Santurbán, explicó a Lluvia de Orión que la delimitación 2090 dejó vulnerable al páramo, ya que contemplar una delimitación que no incluya el páramo, el subpáramo y el bosque altoandino termina por ser ineficiente para conseguir la protección del agua.

Por otra parte, Alfonso Palacio, geólogo mecánico de Minesa, ha manifestado a los medios de comunicación que la minera subterránea no afectará las zonas aledañas, lo que ellos consideran un punto a favor del proyecto, pero en realidad a las comunidades les preocupa son las aguas subterráneas que puedan estar comprometidas: «sabemos que el proyecto causará afectaciones al medio ambiente, no lo hemos negado, pero trabajamos para que el impacto sea el menor».

Todavía la ANLA no ha definido si entrega o no la licencia ambiental y el Ministerio de Ambiente solicitó más tiempo para definir la nueva línea que tendrá Santurbán que debía estar lista el 16 de julio.

Aunque Soto Norte no esté dentro de la delimitación inicial, líderes como Mayerly López y Luis Jesús Gamboa, miembro del sindicato de trabajadores del acueducto de Bucaramanga, les preocupa la cercanía del proyecto al páramo, porque aunque no está dentro de la línea de la resolución 2090, su proximidad no deja de ser inquietante tanto para ellos como para la comunidad que depende de este ecosistema para su sustento permanente del líquido.

 

Procesos legales Minesa

Actualmente Minesa enfrenta dos procesos legales por afectación del recurso hídrico ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), uno de ellos es el SA-0039-2017, en el que se formulan cargos por la afectación del agua por descarga de vertimientos fuera de los rangos permisibles por la norma; y el segundo (expediente SA-0029-2017), tiene que ver con el túnel «El Gigante» en el municipio de California, este fue un túnel exploratorio que realizó la empresa brasileña AUX propietaria del título minero, pero que ahora se llama túnel «El Emboque», del que Minesa asumió la operación en el 2015.

Dicho túnel al parecer ocasionó el rompimiento de un acuífero que terminó afectando el recurso hídrico, según afirma Mayerly López, se generó una fuga de 300 L/s, que todavía se mantiene, ahora la fuga está entre los 14 o 16 L/s. La preocupación de la población radica en los estudios técnicos ante una posible licencia de la ANLA, porque no se han actualizado la información hidrológica e hidrogeológica para impedir el rompimiento de otros acuíferos; a nivel mundial un tercio de la población depende de estos para su sostenimiento por ser nacimientos de agua dulce.

 

El trueque minero

Recientemente se conoció un video donde el presidente de Minesa, Santiago Urdinola, hablaba sobre las estrategias que implementarían con la población para obtener la aceptación del proyecto: «se debe recalcar el tema de las oportunidades laborales y lucha contra la pobreza, pues puede ser la única forma de ganarle a los argumentos de la defensa del agua».

En la página web de Minesa sobre el proyecto Soto Norte, se hacen énfasis inicialmente en la inversión de 30 mil millones de pesos que han realizado entre 2016 y 2018 para mejorar la calidad de vida de las personas y tienen como compromiso fortalecer la minería tradicional.

Justamente el municipio de California donde estará ubicada la mina, tiene su economía basada en la pequeña minería, por eso algunos de sus habitantes se sienten amenazados por la protección del páramo que les impediría realizar dicha actividad. Por eso colectivos como el Comité Santurbán enfrentan una crisis de desprestigio dentro de estos territorios porque las comunidades creen que más protección del páramo implicaría un desplazamiento.

Mayerly López, una de sus líderes, afirma que «en ningún momento hemos planteado desplazamiento de las comunidades paramunas ni de los pequeños mineros, siempre hemos pedido invertir en Soto Norte, inversión estatal porque reconocemos que han sido una población abandonada históricamente por el Estado, y ese abandono lo ha aprovechado Minesa dando dádivas, ofreciendo empleo, arreglando vías, parques, centros salud para conseguir simpatizantes de su proyecto, pero esa función debe ser del Estado».

En estos momentos, los procesos legales que enfrenta Minesa todavía están en curso y las actividades que los defensores del páramo realizan también, la última gran movilización por Santurbán se realizó el 10 de mayo del 2019.

Las comunidades esperan que el agua prevalezca por encima de los intereses mineros, porque la remoción de la base de la montaña podría traer efectos severos para el ecosistema y la vida de quienes dependen de éste.